El origen de las religiones moralizantes

Según el psicólogo Nicolas Baumard, hace algo más de 2000 años surgieron en el mundo una serie de religiones que incorporaron en sus doctrinas normas morales. El cristianismo sería una de ellas.

Antes de ese periodo, el culto a los dioses no estaba vinculado con el cumplimiento de una serie de preceptos éticos. Las normas de comportamiento no tenían sustento religioso. Las religiones tenían más que ver con la celebración de ritos y de ofrendas a las divinidades con el propósito de que estas fuesen propicias a los deseos humanos. En Grecia, por ejemplo, aunque existían normas de carácter moral, tenían poco que ver con el culto a los dioses. Y los dioses, por su parte, no eran precisamente dechado de virtudes.

Lógicamente, la vinculación entre moral y creencias religiosas no se produjo de la noche a la mañana. Aunque en el mundo de los héroes homéricos (siglo VIII a.e.c.), tal relación no existía, ya en el siglo V a.e.c. los griegos empezaron a creer que en el Hades los muertos serían juzgados en función de cómo se hubiesen portado en vida. Por esa misma época la religión judaica empezó a incorporar creencias acerca del castigo en la otra vida. Fue por entonces -siempre según Baumard- cuando la fidelidad en las relaciones de pareja empezó a ser considerada un bien moral, además de otras virtudes. En la civilización romana, por ejemplo, ya se empiezan a valorar virtudes tales como el ascetismo, la modestia y la continencia sexual, lo que no implica que tales virtudes se practicaran de forma mayoritaria, por supuesto.

Según una teoría bastante aceptada en el campo de la evolución cultural, las religiones moralizantes, al promover la cooperación y la ayuda mutua, funcionarían como un elemento de cohesión social. Esa cohesión les proporcionaría una ventaja competitiva con las sociedades menos cooperativas, por lo que les habría favorecido en relación con otras.

Baumard, sin embargo, cree que la aparición de las religiones moralizantes y su éxito obedece a otras causas, que tienen que ver con una teoría que se ha desarrollado en el campo de la ecología evolutiva; me refiero a la teoría de los ciclos de vida. De acuerdo con esa teoría los organismos desarrollan ciclos de vida de diferentes características en función de las condiciones del medio en el que viven. Por simplificar podríamos denominar a unas estrategias rápidas, y a las otras, lentas. Cuanto más exigentes son las condiciones del entorno en el que se desenvuelven los individuos de una población (y por lo tanto, más alta es la tasa de mortalidad que sufren), y cuanto más imprevisible es la disponibilidad futura de recursos (alimenticios en el caso de los animales), los organismos tienden a desarrollar estrategias rápidas e imprudentes: crecimiento rápido, reproducción temprana, recursos destinados principalmente a la reproducción y vida corta. Recurriendo a esa estrategia es más probable que algunos de los descendientes tenga éxito, esto es, que encuentre las condiciones adecuadas para medrar. En caso contrario, la estrategia (lenta) consiste en primar la eficiencia, limitar mucho el número de descendientes y dedicarles mucho cuidado; bajo esas condiciones la vida suele prolongarse mucho más. La distinción entre estrategias rápidas y lentas se puede aplicar a las especies, pero también a las poblaciones. O sea, aunque hay especies que no presentan variabilidad en estos rasgos entre poblaciones, en otras especies puede haber importantes diferencias si tienen la suficiente capacidad como para habitar medios muy diferentes.

Al parecer esas estrategias tienen sus versiones en la especie humana. Cuando el futuro es incierto y el riesgo de mortalidad alto, las personas asumen más riesgos, se tienen más hijos y se tienen a edades más jóvenes. Lo contrario ocurre en las personas más acomodadas: las mujeres (o las parejas) posponen la edad de la maternidad y dedican mucho más esfuerzo a cuidar a los descendientes.

Baumard sostiene que en el oriente del Mediterráneo ocurrió algo de ese estilo hace unos 2.500 años. En ese periodo el consumo de energía per capita[1] subió de 15.000 cal/día, típico de las sociedades egipcia y sumeria, a más de 20.000. Y al mejorar las condiciones y hacerse más predecibles y las sociedades convertirse en más estables, adoptaron estrategias lentas. Y en ese contexto habría tenido sentido la vinculación de preceptos morales a los credos religiosos, puesto que esos preceptos actuaban a favor de las nuevas estrategias.

Ahora bien, según Baumard, habrían sido las élites las que adoptaron las estrategias lentas en primera instancia, porque las normas morales ayudaban a mantener un status que les resultaba beneficioso. De hecho, dado que la mayoría de la población se habría de mantener durante mucho tiempo en condiciones que propiciaban el mantenimiento de estrategias rápidas, la condena de los comportamientos “inmorales” propios de esas estrategias obedecería al interés de reprimir comportamientos potencialmente peligrosos para la estabilidad social y su propio estatus.

A mí, sin embargo, este aspecto de la cuestión no me acaba de convencer. No me parece mala idea vincular la existencia de una moral religiosa “conservadora” a la adopción por los grupos humanos de formas lentas de vida, pero no creo que eso sea consecuencia de la actitud interesada de las clases más acomodadas. De hecho, el cristianismo, una religión con muy alta componente moralizante, no surgió ni se extendió impulsada por los privilegiados, precisamente. Que acabase convirtiéndose en la religión oficial del imperio y la hiciesen suya los aristócratas es algo que ocurrió mucho después de su expansión inicial.

En resumidas cuentas, la asociación de preceptos morales a credos religiosos en contextos que propician estrategias lentas de vida puede ser una idea fecunda, de alto valor heurístico. Pero dudo que esa asociación, de haberse producido por esa razón, tuviese que ver con la actitud de las élites al respecto, sino con la del conjunto de la población. Estaría bien contrastar la hipótesis de Baumard con las religiones de otras sociedades distintas de las del Mediterráneo. Quizás eso nos ayudase a arrojar luz sobre una cuestión tan interesante.

[1] Se considera que el nivel de consumo de energía es un buen indicador del nivel de vida.

Responsable de nuestra salud con todas sus consecuencias

No soy partidario de que el estado intervenga en las vidas de la gente, aunque me consta que la mayoría es de la opinión contraria. Prefieren que sea el estado el que asuma algunas responsabilidades que, a mi juicio, deberían ser estrictamente personales. También soy consciente de que mi aversión a la intromisión del estado en asuntos de carácter personal entra, en ocasiones, en contradicción con mi aspiración a que todas las personas gocen de los mismos derechos y oportunidades.

Hay dos esferas en las que suelo encontrarme con más dificultades. Una es la de la educación. Sin una educación universal para todos no hay igualdad de oportunidades; esa es la única razón por la que estoy dispuesto a dar por buena la intervención del estado en esa materia, aunque estimo que debería ser mínima y, en la medida de lo posible, respetuosa con la autonomía de decisión personal y familiar.

La otra esfera es la de la salud. Hasta donde ello sea posible, el estado debería dejar en manos de los individuos las decisiones relativas a su salud. Pero no todas. Para empezar, hay asuntos en los que la salud se convierte en materia de seguridad. Así, de la misma forma que el estado no deja libertad para comprar armas, o para circular en coche como a uno le dé la real gana, o para viajar sin cinturón de seguridad, tampoco debería permitir que haya personas sin vacunar de enfermedades peligrosas. Y no me refiero a la potestad sobre el niño o la niña menores de edad, sino al hecho de que las vacunas tienen un efecto de inmunidad colectiva. Vacunar a “toda” (entiéndase “casi toda”) la población protege también a aquellas personas que, por una u otra razón no están vacunadas. Hay una componente social importante en ese fenómeno y eso es lo que saca la decisión de la esfera personal.

Por otro lado, el estado debería impedir la comisión de fraudes. Si ciertas prácticas consideradas fraudulentas están penalizadas por el hecho de serlo, han de estarlo todas, también aquellas orientadas pretendidamente a curar a la gente a cambio de una contraprestación económica. Sólo porque son fraudulentas.

Y si no hay contraprestación económica pero de su ejercicio o de su promoción pueden derivarse perjuicios para la salud pública, también esas prácticas deberían prohibirse. De la misma forma que se prohíbe conducir bajo los efectos de las drogas, por ejemplo.

Hay, al menos, una dificultad objetiva en todo esto, y es la de establecer el criterio que delimite lo aceptable de lo inaceptable. Pero para eso, como para la demarcación de lo punible y lo permisible en materia de tráfico, por ejemplo, está el estado. Es su competencia y estoy seguro de que siempre serían criterios discutibles y que serían discutidos. Pero que establecer esos límites sea difícil no quiere decir que deba renunciar a ello.

El estado se apropia de los recursos de la gente con el propósito (o la excusa), entre otros, de ofrecer seguridad y de cuidar de su salud. De lo contrario no estaría justificada la apropiación; sería un simple robo. Pues bien, en coherencia, debería velar también por nuestra seguridad y por nuestra salud penalizando las prácticas anticientíficas de cuyo uso pueden derivarse consecuencias perniciosas para una o para la otra.

Y sí, soy perfectamente consciente de que esta es una materia muy resbaladiza y en la que es fácil incurrir en contradicciones. Pero así es la vida, así son las decisiones políticas y administrativas y así es, en general, cualquier sistema de ideas o de normas: es muy difícil, por no decir imposible, que un sistema que aspire a integrar todo lo relevante en su ámbito puede ser totalmente coherente. Es imposible que esté libre de contradicciones.