Televisión pública, cuentas públicas

En las últimas semanas se están haciendo públicas, en goteo por aspersión, diferentes informaciones referidas a los sueldos de los periodistas estrella de TVE o las extraordinarias condiciones de contratación de algunos de sus programas más populares. Creo recordar que la veda la abrió la noticia de que Anne Igartiburu y José Mota habían cobrado 30.000 euros cada uno por retransmitir las campanadas de la pasada Nochevieja. A partir de ahí, hemos ido conociendo más y más cifras: los 12.200 euros por minuto que ha costado esta temporada de La hora de José Mota, los 800.000 euros que RTVE ha facturado a Globomedia por cada capítulo de Águila Roja, los 480.000 euros anuales que ha costado renovar a Jordi Hurtado para un año más de Saber y Ganar, o los 500.000 euros anuales para Mariló Montero -tercera, ¡tercera!, opción entre los magazines matinales-.

Ciertamente, ante cifras como estas lo difícil es no escandalizarse. El segundo día del año llegó con el anuncio de un antológico recorte en los presupuestos de RTVE: ya saben que de los 1.200 millones previstos, el ente habrá de conformarse con una asignación gubernamental de 1.000. Sus trabajadores llevan tiempo oyendo que hay que apretarse el cinturón -¿quién no?-. Si los ajustes presupuestarios alcanzan la sanidad, la educación, los servicios sociales o la universidad, estaba cantado que llegarían a la radiotelevisión pública con mayor o menor virulencia. Por otra parte, ahora que el sector de la comunicación parece por fin haberse dado cuenta de que la precariedad no sólo hay que capearla sino también denunciarla, las cifras que manejan las estrellas de la pública resultan doblemente llamativas.

Sin embargo, tengo la impresión de que tras el ruido mediático que se está armando al respecto, tras las llamadas a la contención y el ahorro, también está la intención de adelgazar el servicio público hasta la talla S. Al fin y al cabo, parecen hacernos deducir, una manera relativamente fácil de que RTVE ajustara presupuestos sería prescindir de primeras espadas. Y un caldo de cultivo alimentado con cifras de escándalo parece hacer más justificada esa renuncia. Y nos conduce a un viejo dilema: ¿debería la televisión pública jugar en la misma liga que las privadas? ¿O debería resignarse, poniendo freno al gasto, a prescindir de caras conocidas, presentadores populares o programas de éxito? ¿Han de aplicarse los mismos criterios de rentabilidad para una televisión pública que para una privada? ¿O no? ¿Debería darse por válida una televisión pública -estatal o autonómica, lo mismo me da- sin público, unos informativos low cost, espacios no competitivos, películas de archivo? ¿Ustedes qué piensan?