Los Sanfermines rotos de 1978

Por Josu Chueca

EL lunes 11 de julio de 1978, Jesús Lezaun, en la homilía del funeral de Germán Rodríguez, joven asesinado por disparos de la Policía Nacional, en la avenida Roncesvalles de Iruñea, en la noche del sábado 8 anterior, decía: “Desde hace ya mucho tiempo, los navarros tenemos una extraña sensación, como si alguien desde la oscuridad nos estuviera acechando y nos apuntara a la frente con un fusil. Como si alguien, empleando todos los trucos sucios de una irrisoria democracia, quisiera cortarnos el aliento y la andadura, esa andadura que ahora los navarros empezábamos a recuperar”.

Sin embargo, a pesar de ser el crepúsculo de un sábado sanferminero, no había habido ni oscuridad ni invisibilidad en la descomunal agresión perpetrada por la policía armada en el corazón de la fiesta. Tampoco era un fusil, sino decenas de policías armados, que pertrechados de sus fusiles lanzapelotas, cetmes y pistolas, habían sembrado el pánico, la muerte y la desolación en plenas fiestas pamplonicas.

De hecho, respecto a lo ocurrido, ahora ya hace tres largas décadas, no hay dudas, ni pluralidad de relatos. Miles de personas fueron testigos de la descomunal agresión allí acaecida. Desde los mismos tendidos contemplaron, con asombro, estupor y miedo la irrupción de las llamadas Fuerzas de Orden Público en el coso de Iruñea. Había terminado la corrida del sábado cuando un grupo de 15 a 20 jóvenes desplegó una pancarta, demandando la amnistía para los presos y, en especial, para los recién encarcelados, como consecuencia de los sucesos de mayo de aquel año en Iruñea.

No era, ni la primera vez, ni la última, en que desde los tendidos de sol -lugar habitual de ubicación de las peñas- se proferían gritos, reivindicaciones o se entonaban cantos y protestas. De hecho, la policía había amagado en varias ocasiones con intervenir, entrando en la plaza para su desalojo. La primera vez, en los Sanfermines de 1973, tras la huelga general de Navarra, en solidaridad con los trabajadores de Motor Ibérica, cuando una sentada de las peñas reivindicó la libertad de los encarcelados. La segunda, según parece, la propia víspera, el 7 de julio de 1978. Pero como se dice en Navarra: “Ni al que asó la manteca” se le ocurrió nunca materializar tal desatino. Hasta que en la tarde del 8 de julio lo hicieron. En esta, encabezados por el propio jefe superior de la policía, el comisario Rubio, en dos ocasiones irrumpieron los policías, cargando con las porras, disparando pelotas y botes de gases, pero también balas, tal como lo prueba el hecho de que los primeros heridos de las mismas se produjeron en la misma plaza.

Respuesta de los mozos

Al socaire de la agresión, la respuesta de los mozos y espectadores fue inmediata. Lo que puede haber en una plaza de toros en Sanfermines: almohadillas, botellas, variopintos objetos de las peñas… todo sirvió para hacer frente a la inaudita agresión policial. La desproporción en la represión a una pancarta y la respuesta a aquella llevó a que los enfrentamientos se extendiesen a todas las calles y zonas circundantes a la plaza de toros. Desde la plaza del Castillo hasta la actual plaza de Merindades, desde la parte vieja hasta el corazón del 2º Ensanche, centenares de jóvenes respondieron con barricadas, improvisadas manifestaciones, etc., a los policías, que lejos de apartarse tras la primera agresión, fueron reforzados por más unidades de las denominadas antidisturbios.

En un momento pareció que se imponía un mínimo de cordura y que la policía se apartaba. El amigo y compañero de Germán Rodríguez, Patxi Lauzirika, lo recordaba cuando afirmó: “Los jeeps recogieron a algunos policías y parecían irse. Nosotros, a distancia y por detrás, saltábamos contentos pensando que se iban ya. Pero de repente, desde el cruce de las calles de Paulino Caballero con Roncesvalles, empezaron a sonar disparos. Germán dio como un salto hacia atrás y allí cayó herido, con un tiro en la cabeza”. Trasladado urgentemente en un coche hasta el hospital, pocas horas más tarde fallecía.

Los policías, por su parte, no solo no se retiraron, sino que siguieron disparando por toda la parte vieja. El balance expuesto por el propio ministro Martín Villa, en su comparecencia en el Congreso, reconocía que se habían disparado: 5.000 pelotas, 1.000 botes de humo y 150 balas de distinto calibre. Al día siguiente, transcurridas 24 horas justas después de la muerte de Germán, aún hubo un mando policial que desde la radio de su coche incitaba, con el escalofriante No os importe matar, a continuar con esa terrorífica política de fuego y sangre.

La respuesta del pueblo navarro fue masiva y ejemplar. Interpelando a los responsables políticos desde las horas siguientes en el Ayuntamiento de Iruñea, preparando la respuesta masiva y solidaria, del día siguiente, con motivo del funeral y despedida a Germán, en el cementerio pamplonica. En este, miles y miles de personas, lo acompañaron, rodeado de banderas rojas y de ikurriñas en el camino a su enterramiento.

“No fue un fallo”

Compañeros de LKI glosaron su precoz y rica personalidad política, su generosa y temprana militancia desde los tiempos de ETA (VI), per, fue su hermana Concha quien acertó a sintetizar su recorrido vital y contextualizarlo cuando dijo: “Solamente quiero deciros que esta muerte de Germán puede ser casual, o podrían haber muerto miles, pero lo que no era casual es que Germán estuviera indignado en la calle por los hechos de la plaza de toros. Porque Germán está luchado desde los dieciséis y diecisiete años por la libertad. También quiero deciros que no creemos en un fallo de la policía armada. Queremos responsabilidades, pedimos responsabilidades a quienes las tengan. Es la política de un gobierno que nos oprime, y que cuando nos pasamos un poco de la raya carga contra nosotros su fuerza brutal”.

Al finalizar este acto, una multitudinaria manifestación llevó, de nuevo, a miles de personas hasta la avenida Roncesvalles, el lugar donde Germán había sido muerto escasas horas antes y, a partir de entonces, solo algunas entidades tenían interés en seguir con los Sanfermines. Las peñas, la mayoría de partidos, los jóvenes, etc. no tenían ni ánimo ni ganas de reanudar la fiesta rota por la policía. Las dudas, en torno a esto, se disiparon el día 11, cuando se tuvo conocimiento de una segunda muerte, la de Joseba Barandiaran, acaecida en Donostia, cuando se manifestaba en solidaridad con Iruñea como consecuencia de disparos de un policía en la cuesta de Aldapeta.

Siguieron días de movilizaciones y huelgas casi generales en Gipuzkoa, Araba y Bizkaia. Continuaron las actuaciones tan desdichadas como el asalto a Rentería, el día 13, por parte de compañías supuestamente antidisturbios, que se dedicaron a agredir y robar impunemente… Cuando las movilizaciones se agotaron, a la postre todo se recondujo a comisiones de investigación que surgieron por doquier. En Iruñea se constituyeron dos. La dinamizada por el Ayuntamiento y partidos y la promovida por las peñas. En el terreno judicial, se abrieron también dos sumarios: uno por la muerte de Germán Rodríguez; otro, por los daños materiales ocasionados tras la irrupción en la plaza de toros.

Como es sabido, ninguno de los dos prosperó. A pesar de que miles de testigos vivieron y padecieron la agresión perpetrada en Iruñea, el entramado judicial fue incapaz de determinar las responsabilidades concretas que estaban en la base y en los brazos ejecutores de la misma. La judicatura fue rematadamente inútil para responder a las preguntas que aún hoy están faltas de respuesta: ¿Quién ordenó el dispositivo policial en torno a la plaza de toros? ¿Quién ordenó la entrada a la misma y actuaciones posteriores? ¿Quiénes fueron los autores de los disparos que mataron a Germán Rodríguez e hirieron a una decena larga de mozos?

En cuanto a la responsabilidad política, no fue más allá de la dimisión del gobernador civil, Ignacio Llano, sin alcanzar para nada a los responsables del llamado orden público (José Sainz, Rodolfo Martín Villa) y de la sesgada orientación política dada al mismo. En definitiva, a pesar de abrirse numerosas diligencias, de realizar un trabajo ímprobo los abogados de las comisiones de investigación, de iniciarse los antes citados sumarios, todo fue archivado para mayor (des)prestigio del sistema judicial español.

Cuando han transcurrido tres décadas largas y se entreabre la posibilidad de que las “otras víctimas”, es decir, las originadas por la violencia de los aparatos del Estado, de los variados grupos parapoliciales como BVE, GAL, etc., sean reconocidas, recordadas y dignificadas, es obligado señalar que esta dinámica, lejos de quedar limitada a la Comunidad Autónoma Vasca y al periodo preconstitucional debiera ser ampliada a lugares y personas como los aquí mentados. Que personas como Germán Rodríguez, Joseba Barandiaran, reconocidos luchadores por las libertades, y víctimas de las crueles políticas de desorden público vigentes en la llamada Transición deben ser contempladas y honradas con todo merecimiento.

11, Avenue Marceau

Eduardo Jauregi

Se cumplen casi seis décadas de la expulsión del Gobierno vasco de su sede parisina en el exilio. El PNV -quien adquirió el inmueble en 1937- sigue reclamando al Gobierno español la devolución del histórico edificio, ocupado desde hace años por la Biblioteca del Instituto Cervantes.

Hablar del edificio de la Avenue Marceau en París es hablar de una parte de la historia vasca, de un símbolo en el exilio que, a pesar de su lujosa y elegante construcción, no dejó de ser el referente de la ayuda de todos los refugiados vascos que hasta su puerta se acercaron y de la gestión de la política al más alto nivel que el nacionalismo vasco llevó a cabo en los años que permaneció bajo su techo.

En 1936, la casa ubicada en el número 11 de la Avenida Marceau de París era propiedad de doña Hélène Brawn, ciudadana norteamericana. Este inmueble fue alquilado a principios de 1937 por Rafael de Pikabea -diputado del PNV y delegado vasco- para instalar en él las oficinas de la Delegación del Gobierno de Euzkadi en la capital de Francia y la redacción de su boletín oficial Euzko Deya, cuyo primer número con esta nueva dirección, el 29, lleva la fecha del 7 de marzo de 1937.

El inmueble, sin embargo, fue comprado a los pocos meses a título personal, pero por encargo del PNV, por Marino de Gamboa, naviero vasco con ciudadanía norteamericana. Se pagaron 1.460.000 francos. Aquella suma de dinero obtenida fue el resultado de la gestión y la recepción por parte de Gamboa de las aportaciones económicas de los vascos residentes en América.

belaustegigoitia El que fuera secretario general de la presidencia del Gobierno de Aguirre, Antón Irala, escribió en 1984: “Telesforo de Monzón llamó desde París a Francisco de Belaustegigoitia en México, que le envió la totalidad de su cuenta bancaria en dólares. Estos fondos, puestos a disposición desde antes de la formación del Gobierno vasco sirvieron para adquirir el edificio de la Delegación vasca de 11, Avenue Marceau. Belaustegigoitia y su familia nunca han dado a conocer, que yo sepa, este gesto histórico”.

Las escrituras de adquisición se realizaron los días 8 y 9 de octubre de 1937 en la notaría de Jean Betheuil, en Sèvres (Seine-et-Oise). A pesar del nuevo y oficial título de propiedad del inmueble, el PNV siguió permitiendo que la Delegación del Gobierno de Euzkadi en París continuara con sus funciones y la actividad que venía desempeñando desde hacía más de un año.

A medida que las tropas fascistas ganaban posiciones a los defensores de la legalidad republicana, el exilio de la población vasca hacia Iparralde y Francia fue una constante. Los gobiernos nacionalistas catalán y vasco y las distintas organizaciones políticas republicanas también marcharon al exilio. Toulouse, Perpignan, Baiona y sobre todo París -capital del exilio- fueron las ciudades en donde se asentaron y desde donde trabajaron para ayudar a sus correligionarios en tareas de asistencia social y sanidad.

Ante el inminente reconocimiento por las autoridades francesas a principios de 1939 de las ya seguras fuerzas vencedoras de la Guerra Civil española, los dirigentes nacionalistas decidieron impulsar y formar una sociedad anónima -Finances et Entreprises- que tomase a su cargo sus bienes en el Estado francés para proteger sus propiedades.

En febrero de 1939 la recién constituida Finances et Entreprises adquirió el inmueble situado en el número 11 de la Avenue Marceau a su propietario titular, Marino de Gamboa, ante el notario Robert Letulle, por 1.600.000 francos (1.350.000 por el edificio y el resto por los muebles que contenía). Esta misma sociedad también adquirió otros dos inmuebles dedicados al alojamiento de refugiados vascos en Noyon (Oise) y Compans (Seine-et-Oise). El 18 de diciembre Finances et Entreprises alquiló el edificio a la LIAB (Liga Internacional de Amigos de los vascos) y ésta, a su vez, lo subalquiló o cedió -sin cargo alguno- a la Delegación del Gobierno de Euzkadi en el exilio.

Terminada la Guerra Civil, el 30 de enero de 1940 una ley del Gobierno franquista declaraba propiedad del Estado español todos los bienes republicanos (pocos meses más tarde, con la próxima ocupación alemana de Francia se daría curso legal a lo que por entonces era sólo una ley sin vigor). La actividad en la sede del Gobierno vasco se vio interrumpida por el estallido de la Segunda Guerra Mundial y el avance del Tercer Reich por Europa. Desde que los alemanes comenzaron la invasión de Francia en el mes de mayo de 1940, entrando en París el 14 de junio, se desató una nueva oleada migratoria, esta vez hacia América, tratando de huir del horror nazi.

Al ocupar París el ejército alemán, policías españoles, apoyados por la Gestapo, ocuparon igualmente por la fuerza los locales de Finances et Entreprises, saqueando su interior. El inmueble de Avenida Marceau se utilizó como Hogar Español y sede de la Falange española en París, destinándose rápidamente para oficinas de policía, espionaje e incautación de bienes de las autoridades franquistas en la capital francesa. La denominada Comisión de Recuperación se creó para recuperar todos los bienes que los rojos habían sacado de España desde el comienzo de la guerra. Incluso se instaló allí un autodenominado Instituto Cultural Español.

La embajada española en París solicitó la legalización del expolio reclamando a los tribunales franceses todos los bienes de Finances et Entreprises aduciendo -falsamente- que al haberse comprado éstos con fondos provenientes del Tesoro español, eran en realidad propiedad del Estado español (hay que recordar que los fondos para la compra de Avenida Marceau vinieron de las aportaciones de vascos en América).

En 11 Avenue Marceau la Comisión de Recuperación reunió diversos bienes: mobiliario, obras de arte, joyas, valores, y también archivos con documentación que iban incautando. Todos estos materiales se enviaban periódicamente a España -se trataba de su devolución- aunque también sirvieron para decorar embajadas franquistas en Europa y despachos de oficiales alemanes. Con la documentación incautada, por otro lado, se conseguían los nombres de las organizaciones y personas antifascistas así como sus actividades clandestinas y de resistencia, perseguidas ferozmente por el régimen franquista. La caída de la primera red de resistencia vasca que actuó en el interior de Euskadi -la red Álava- y el fusilamiento de su máximo responsable, Luis de Álava Sauto, fue un claro ejemplo de ello.

En junio de 1941 la embajada de España obtuvo del Tribunal Civil del Sena una orden de embargo de todos los bienes de Finances et Entreprises. Al cabo de un mes, la Sala Primera del Tribunal Civil del Sena sentenció, aceptando la demanda de la embajada española, que todos los bienes de Finances et Entreprises eran propiedad del Estado español. El 13 de enero de 1944 la sentencia anterior se elevó a definitiva, fue registrada y notificada, inscribiéndose los bienes de Finances et Entreprises en el Registro de la Propiedad a beneficio del Estado español.

En el mes de agosto de 1944, días antes de la liberación de París (el día 20), los franquistas abandonaron precipitadamente el edificio de la Avenida Marceau, dejando sus propios archivos y la documentación que había incautado años antes. Aprovechando esta retirada, un grupo de vascos acompañados de soldados del ejército de Leclerc volvió a recuperar el inmueble número 11 de la avenida parisina. Los dirigentes del PNV Xabier de Landaburu -secretario general de la LIAB- y Agustín Alberro, miembro de la delegación vasca, se instalan nuevamente en él. A pesar de ello, a finales del mismo mes el cónsul de España en París reclama el inmueble recuperado a las autoridades francesas.

Desde 1945 a 1951 hubo varios procesos en París por parte de la LIAB, como inquilina, y de Finances et Entreprises, como propietaria del inmueble, contra el Estado español, intentando suprimir la sentencia de 1943. Demandas, recursos, proposiciones de ley para cambiar disposiciones anteriores… de nada sirvieron. A pesar de esta situación, la actividad del Gobierno del lehendakari Aguirre en el exilio era imparable. El nacionalismo vasco volvía a dar muestras de su inequívoca vocación europeísta siendo miembro fundador de los Nuevos Equipos Internacionales -la Democracia Cristiana a escala europea- en un acto que se celebró el 21 de marzo de 1948, precisamente en la sede vasca de 11, Avenue Marceau.

Tras los éxitos europeos comenzaron a producirse los primeros reveses en el exterior para la causa vasca y su lucha contra el franquismo: el progresivo reconocimiento de la dictadura en organismos internacionales (1953) y las razones de Estado por la presión española ante Francia explican la pérdida de Avenue Marceau y el cierre de la primera Radio Euzkadi clandestina (1954).

El 6 de junio de 1951 el presidente del Tribunal Civil del Sena ordenó por procedimiento de urgencia la expulsión de la Liga Internacional de Amigos de los Vascos de los locales de Avenue Marceau, número 11. El 28 de junio de 1951, finalmente, La LIAB y el Gobierno de Euzkadi fueron expulsados de su sede social.

Protesta de Aguirre

Aquel fatídico día, el lehendakari Aguirre hizo constar en el acta de expulsión la siguiente protesta: “Salimos de este edificio expulsados por la fuerza pública en ejecución de una sentencia que califica al Gobierno vasco de ladrón, sentencia obtenida durante la ocupación alemana, bajo la protección del enemigo. Yo protesto contra esta violencia y declaro que nuestro honor, nuestra buena conducta y nuestra tradición, merecían un tratamiento muy distinto. Nuestra causa ha estado unida a la vuestra; nuestra sangre ha sido derramada junto a la vuestra en la lucha con el enemigo común y ahora se nos expulsa de esta casa para entregarla en manos de los que, durante la guerra pasada, fueron aliados de nuestros adversarios del Eje. Protesto en nombre de nuestro Pueblo, al que esta decisión causa el más profundo dolor sufrido en el exilio, sobre todo porque dicha decisión ha sido adoptada por los amigos con los que hemos compartido dolores y sacrificios comunes por la causa de la libertad y de la Democracia, causa a la que permanecemos inalterablemente fieles”.

La Carta de Franco al mundo católico

Iñaki Goiogana

LEKEITIO. LA guerra civil iniciada en los cuarteles norteafricanos españoles el 17 de julio de 1936 no tuvo en un principio planes de contienda larga. Al contrario, se ideó para que fuera un pronunciamiento, similar a los muchos que había experimentado el Estado español durante el siglo XIX y lo que llevaba del XX. El deseo de los militares sublevados era dar un golpe de estado que recondujera el derrotero político de la República, inclinada hacia posiciones reformistas tras las elecciones generales celebradas en febrero de aquel año y ganadas por el Frente Popular. Los bandos militares hechos públicos por los mandos alzados en facción para dar cuenta de las razones que les animaban a actuar hacían referencia a cuestiones como los nacionalismos periféricos y el consecuente problema de la ruptura de la unidad de la patria y al peligro comunista y la sovietización de España. Sin embargo, ninguno de estos documentos iniciales golpistas se hacía eco de los posibles deseos de sus autores de cambio de régimen constitucional ni del carácter religioso de la militarada.

Pero lo que en teoría debía durar horas o, como mucho, unos pocos días desembocó en una larga y cruenta guerra. En muchos lugares donde los militares sublevados no lograron imponerse se produjo un movimiento de rechazo espontáneo protagonizado por las masas populares que conllevó una fortísima represión contra las personas y entidades sospechosas de adhesión al movimiento militar. Así, esta represión popular o republicana se cebó en individuos tachados de derechas y en elementos religiosos. Se incendiaron conventos, iglesias y otros bienes eclesiásticos y miles de sacerdotes, seminaristas, frailes y monjas sufrieron el martirio y la persecución.

La cruzada

Esta furibunda reacción popular contra la Iglesia y lo eclesiástico hizo que la mayor parte de la misma, con toda la jerarquía a la cabeza, olvidara las prevenciones que pudieran albergar siguiendo la doctrina de la Iglesia de acatar el orden establecido y se aliará desde nada más comenzar el golpe con los sublevados. El nuevo e incondicional aliado resultó, por usar un término religioso, providencial para la nueva situación de los facciosos. A los pocos días de iniciada la guerra, los que se conocerían como franquistas empezaron a calificar el movimiento como cruzada y a las razones iniciales explicitadas en los bandos militares se les unió la defensa de la religión como causa de la sublevación, pasando este motivo bélico a ser casi el santo y seña de la facción militar. Sin embargo, desde el principio mismo de las hostilidades, este nuevo discurso de guerra religiosa encontró un obstáculo difícil de gobernar. El Partido Nacionalista Vasco, partido confesional católico, se había decantado a favor de la República y en contra de los golpistas. En Euskadi, no solo los partidos y sindicatos de izquierda y republicanos se opondrían al alzamiento. A estos obvios sostenedores de la legislación vigente se les alió el PNV, así como el sindicato abertzale ELA, en coherencia con el camino hacia el centro político y hacia un catolicismo militante democrático y cargado de sentido social recorrido durante el quinquenio republicano transcurrido en paz. En el País Vasco también se produjeron actos de represión contra el clero pero en mucha menor medida que en otras zonas leales a la República. Además, en Bizkaia y Gipuzkoa, únicas provincias vascas no dominadas por los franquistas al inicio de la guerra, se produjo el fenómeno contrario: hubo sacerdotes asesinados por los supuestos defensores de la religión por motivo de su militancia real o supuesta en el vasquismo y también por su apoyo a un sindicalismo católico reivindicativo, claramente diferenciado del amarillismo católico.

La postura del nacionalismo vasco y de una parte muy importante del clero vasco de rechazar la “cruzada” tuvo eco en algunos sectores católicos extranjeros, especialmente en Francia. En este país, los sectores eclesiales más afines a filósofos como Jacques Maritain o François Mauriac, los dominicos galos que Continúa leyendo La Carta de Franco al mundo católico

Un desastre para el Concierto Económico

Izado de la bandera "nacional" en el balcón de la Diputación

Eduardo J. Alonso Olea

Bilbao. EN este año repleto de aniversarios veremos uno ocurrido un lejano 23 de junio de 1937, hace por lo tanto 75 años. Las tropas del ejército sublevado en julio de 1936 habían entrado en Bilbao cuatro días antes, el 19 de junio de 1937. Dos días después, una nueva gestora de la Diputación Provincial de Vizcaya se constituyó con seis miembros (Luis de Llaguno, presidente; Lorenzo Hurtado de Saracho, vicepresidente; Ildefonso de Arrola, Manuel Vega, Isidoro Delclaux y, como secretario en funciones, Manuel Zorrilla). El 23 de junio Francisco Franco firmó un Decreto en Burgos por el que se derogaba el Concierto Económico con Bizkaia y Gipuzkoa.

El Concierto Económico había sido la norma, articulada por medio de varios Decretos desde el original de 28 de febrero de 1878, que regulaba la contribución de las Provincias Vascongadas a las arcas del Estado, en cumplimiento de la Ley de 21 de julio de 1876 (art. 4º), que determinaba su obligación de aportar hombres a las quintas y recursos a la Hacienda del Estado en proporción a sus haberes. Desde 1878, por lo tanto, las Diputaciones habían regulado sus propios sistemas tributarios dentro del amplio espectro que el Concierto permitía. Realmente solo las aduanas, como tributos relevantes, quedaron fuera de él. Fue bastante más de un mero acuerdo tributario puesto que permitió que las Diputaciones Provinciales, herederas de las disueltas Forales, mantuvieran amplias competencias no solo tributarias sino administrativas: carreteras, policías provinciales, escuelas, hospitales, ferrocarriles, control municipal y un largo etcétera. En definitiva, las Diputaciones provinciales vascas tuvieron, gracias a la gestión de sus propios recursos, una gran autonomía.

‘Agravio comparativo’

En 1937, por lo tanto, se eliminó de un plumazo el sistema en Bizkaia y Gipuzkoa. En el preámbulo del Decreto se fundamentaba en el agravio comparativo que suponía una menor presión fiscal sobre los contribuyentes vizcainos y guipuzcoanos y el fraude fiscal en perjuicio de la Hacienda del Estado. El mal uso hecho de este privilegio y el que se alzaran en armas, estas dos provincias, contra el Movimiento Nacional, “correspondiendo así con la traición a aquella generosidad excepcional”, eran las causas que justificaban la derogación del Concierto. No obstante, estos principios de privilegio y causa de fraude fiscal no fueron aplicados a Álava y Navarra, pues estas sí se habían alineado con el golpe militar. Por último, se reconocía la existencia de vizcainos y guipuzcoanos patriotas, y así se justificaba la medida como un acto de justicia y no “de mera represalia”.

En la parte dispositiva se establecía que desde primero de julio de 1937 los impuestos, rentas y contribuciones del Estado se realizarían en Bizkaia y Gipuzkoa como en el resto del Estado y con sus reglamentos. Por su artículo cuarto se reconocía la vigencia del Concierto en Alava. La Junta Técnica del Estado dictó, el día 30 de junio, una orden por la que establecía la formación de una Comisión mixta Estado-Diputaciones para que propusiera el mecanismo concreto el traspaso de servicios de las Diputaciones al Estado.

Los efectos del decreto y su posterior aplicación sobre los servicios públicos provinciales fueron demoledores, al añadirse, no hay que olvidarlo, al proceso de depuración. De hecho, en 1936 trabajaban en la Diputación unos 1.000 empleados mientras que en 1939 no llegaban a los 350.

Eliminación de servicios

Como consecuencia directa de la abolición del Concierto no solo hay que contar el paso de la recaudación fiscal al Estado, sino también la eliminación de servicios de las Diputaciones. Así se transfirieron un total de 398 kilómetros de carreteras de la Diputación de Guipúzcoa y 652 de la Continúa leyendo Un desastre para el Concierto Económico

“Bilbao ha caído…”

Eduardo Jauregi

A las siete de la tarde del 16 junio de 1937, en la zona del Malmasín, en una edificación llamada la ‘casa de máquinas’ estalló un obús que destrozó uno de los fortines de defensa establecido por el batallón Otxandiano en las afuera de Bilbao. Así comienza la narración de lo hechos sobre la rendición de Bilbao de Francisco de Maidagan Irakulis, comisario de la Brigada nº 16 en aquel momento. Él y su hermano Matai fueron los que iniciaron los contactos con los rebeldes que amenazaban con arrasar Bilbao y que concluyeron con la capitulación de la villa -hace 75 años el próximo día 19-. El objetivo de la rendición fue salvar la vida de los ciudadanos y de los centenares de gudaris que permanecieron en la villa para evitar los desmanes y proteger y controlar el orden durante la evacuación hasta el último momento.

Tanto el testimonio de los hermanos Maidagan, informaciones de la presidencia del EBB del PNV y Gobierno vasco, como la documentación de otro importante intermediario en el conflicto, Juan de Larrazabal y Capestany, cónsul de Cuba y de los Estados Unidos de México en Bilbao y amigo íntimo del comandante franquista Aguilar, se conservan en el Archivo del Nacionalismo. Este conjunto documental nos permite conocer detalles inéditos de este capítulo de nuestra historia más reciente desde ambos lados del frente.

Los últimos momentos

Horas antes de la entrada de los fascistas en la villa, Bilbao vivía sus últimos momentos de libertad entre el cansancio de los gudaris, las deserciones de algunos, los desmanes de otros y los esfuerzos de los gudaris de batallones como el Otxandiano o el Gordexola por hacerse -como así fue- con el control y el orden en todo el centro (zona asegurada y de relativa tranquilidad). Por otro lado, los componentes de los batallones Kirikiño, Itxasalde e Itxarkundia, dando su vida en un esfuerzo sin precedentes, reconquistaron palmo a palmo posiciones en Artxanda que serían arrebatadas pocas horas después. Combates que sirvieron para retrasar el avance franquista y ayudar a las tareas de evacuación. Debido a la presión de las fuerzas enemigas, y en un último intento por humanizar la guerra, las autoridades vascas dejaron en libertad a los presos de derechas -políticos y militares- que se encontraban en la cárcel de Larrinaga. Con la protección necesaria fueron llevados al Alto de Santo Domingo donde fueron entregados a las fuerzas atacantes. Uno de aquellos presos, el comandante Aguilar, alegando problemas de salud, pidió ser trasladado al centro de Bilbao, a casa de su amigo el cónsul de Cuba, quedando bajo su protección.

El cerco sobre la villa se estrechaba a cada minuto con el fuego cruzado de las fuerzas enemigas desde Artxanda y la llegada de tropas a pie desde el alto de Kastrexana. Las llamadas al Gobierno de la República solicitando armas para la defensa de Bilbao eran acuciantes: Este ejército, aunque agotado y sujeto a una aviación y artillería potente en extremo, reacciona como hoy causando admiración a los extranjeros, pero si no recibe aquellos medios, sucumbirá con heroísmo. (Frases del telegrama enviado por Mariano Gamir Ulibarri, general en jefe del Ejército vasco a Indalecio Prieto, ministro de Defensa republicano, el 18 de junio de 1937).

Hacia las 9 de la mañana del sábado 19 de junio una nota de la jefatura del Ejército vasco ordenaba la inmediata evacuación de los mandos y oficiales que quedaban todavía en Bilbao, saliendo por el único camino posible: desde los astilleros de Euskalduna hacia Zorrotza. Sin embargo, la oficialidad del batallón Otxandiano, desobedeciendo el comunicado, decidió por unanimidad correr la misma suerte que sus hombres y permanecer en la villa de Bilbao.

Es entonces, en estos precisos momentos, cuando Matai Maidagan, teniente del batallón Otxandiano propuso la idea de visitar a Juan Larrazabal -cónsul de Cuba- para ver qué podría hacerse en caso de admitir una rendición de las fuerzas del Euzko Gudarostea, sitas en Bilbao. Los rumores que circulaban de que batallones de asturianos y santanderinos tenían la intención de saquear, incendiar y destruir Bilbao en el momento en que Continúa leyendo “Bilbao ha caído…”