‘Vendettas’ republicanas

El PP pide a la Diputación de Bizkaia que aplique la Ley de la Memoria histórica y reconozca a los derechistas que murieron en manos del bando democrático

Un reportaje de Iban Gorriti

El Partido Popular ha solicitado a la Diputación de Bizkaia un reconocimiento institucional para un total de 365 personas muertas por el bando republicano en los barcos prisión Cabo Quilates y Altuna Mendi, así como en cárceles de este territorio durante la Guerra Civil “en aplicación de la Ley de Memoria Histórica”.

Lo argumentan: “Fueron un total de 365 muertos, personas ejecutadas sin juicio y por el simple hecho de ser sospechosos de ser derechistas, aunque no por ello franquistas. Incluso, según algunas investigaciones, el 25% ni siquiera tenían afiliación política conocida”, aseveran. Y recuerdan que el lehendakari Iñigo Urkullu reconoció recientemente “la injusticia” de las matanzas con motivo del 80 aniversario de estos hechos.

A juicio del PP, el bando de los militares golpistas que atentaron contra la legítima Segunda República cometió “crímenes condenables”, y citan como ejemplos los bombardeos contra población civil indefensa de Durango y Gernika en los que asesinaron a centenares de personas de todas las ideologías y edades, sin distinción. Los populares añaden que el bando no golpista, es decir, el demócrata republicano, también cometió “matanzas indiscriminadas”.

Este partido cita las sacas de las naves Cabo Quilates y Altuna Mendi tras un bombardeo fascista perpetrado el 25 de septiembre de 1936, y ese mismo día en Durango tras otra suelta de bombas por parte de facciosos. A estos sucesos se suman los de las escuelas de Urbinaga en Sestao al día siguiente, así como los del 4 de enero de 1937 en Bilbao en la Casa Galera, el Convento el Carmelo, los Ángeles Custodios y Larrinaga.

Ese día, tras un bombardeo de aviones facciosos sobre la ciudad hubo una saca de derechistas o presuntos derechistas que fueron fusilados. A pesar de que algunos consejeros del incipiente Gobierno vasco pidieron a los manifestantes que se disolvieran, muchos de ellos decidieron marchar hacia las cárceles de Larrinaga, Carmelo, los Ángeles Custodios y Casa Galera, que fueron finalmente asaltadas a las cinco de la tarde, dando muerte a 224 personas.

Otra vendetta se produjo en los citados barcos prisión. Según narra Germán Cortabarría en la enciclopedia Auñamendi, el primer buque, de 12.000 toneladas, estaba fondeado en el puerto de Bilbao cuando el 25 de septiembre de 1936, tras un bombardeo aéreo de hora y media sobre la capital vizcaina, “fue asaltado por enfurecidos tripulantes del acorazado republicano Jaime I. A pesar de la resistencia de los guardianes, lograron dominar la situación”.

El investigador cifra en 39 los presos muertos de ambas embarcaciones. Según esta fuente, a consecuencia de este incidente fueron ejecutados por orden de las autoridades vizcainas varios de los asaltantes, y el Jaime I fue obligado a abandonar el puerto. Otro barco que funcionó como cárcel flotante fue el Upo Mendi, que en 1939 fue rebautizado Monte Jarindo, siendo desguazado en 1962.

La misma jornada del 25 de septiembre, los aviones leales al bando sublevado se acercaron a Durango. Allí lanzaron hacia las 11.00 horas cuatro artefactos. Uno fue dirigida al frontón de Ezkurdi, donde estaban milicianos y refugiados huidos de Gipuzkoa. La bomba alcanzó la pared lateral del frontón, atravesó el muro y estalló. Causó doce muertos y varios heridos. “Otro artefacto cayó en la huerta del médico Marcos Unamunzaga, y dos más en la estación del ferrocarril”, confirma Jon Irazabal Agirre, el investigador que más ha estudiado esos meses de sangrienta contienda. Tras el ataque, milicianos posiblemente del Batallón Rusia de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), “enardecidos por las escenas de muerte y dolor que produjo el bombardeo, se dirigieron a la cárcel”, relata Irazabal. En ese lugar, hoy edificio de Telefónica, redujeron a los guardias y sacaron a veintidós presos detenidos por presunta afinidad con los sublevados. Trasladados al cementerio, fueron fusilados.

El investigador concluye apuntando que, “no conformes con estos fusilamientos, trataron de detener y fusilar a otros derechistas de Durango. Advertidos de estas intenciones, miembros del PNV y de STV alertaron y ocultaron a diversos tradicionalistas hasta la liberación”.

El movimiento anarquista en Durango en la II República

José María Larrinaga fue el referente de una organización a la que se acusó del asesinato del jefe de la guardia municipal

Un reportaje de I. Gorriti

EL anarco-sindicalismo re-presentado por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) nace en Barcelona en 1910 en el congreso realizado por Solidaridad Obrera con el fin de conseguir por este medio el comunismo libertario. En Durango, según datos investigados por el archivero municipal José Ángel Orobio-Urrutia para el anuario Astola de Gerediaga Elkartea, el movimiento arrancó con afiliación escasa.

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El tribuno anarquista del norte Galo Díez pronunció un mitin en Durango en marzo de 1920 y varios sindicalistas como Fermín Manteca o Simón Marco estuvieron presos en la cárcel de Durango en 1921 “acusados de propaganda ilegal e incitación al desorden”, facilita.

La organización comienza en los años 30 con José María Larrinaga. En enero de 1932 la policía se incauta en Bilbao de 445 kilos de proclamas subversivas de carácter comunista y libertario, que figuran como remitidas desde el convento de jesuitas de Durango, en las que se dirigen “violentos ataques a la masonería, a la República y a los políticos republicanos”. Poco después, en mayo, son detenidos José María Larrinaga y León Escalona por colocar estos pasquines.

El 15 de septiembre de 1932, Ignacio Rojo, jefe de la guardia municipal, informa al alcalde de la detención el día anterior de Balbino Morado, Esteban Barreña, Antonio Lafuente, José María Larrinaga, Carlos Bilbao, Mauricio Aizpurua y Epifanio Osoro, por “reunión ilegal”.

Para Rojo se convierte en una obsesión personal la persecución de los elementos sindicalistas de la villa. La Dirección General de Seguridad había establecido en Durango una inspección de vigilancia encargada sobre todo de la represión de los nacionalistas vascos y de los anarquistas. En varias ocasiones los agentes de vigilancia se quejan al alcalde porque el citado jefe de la guardia se muestra reacio a facilitar información de “los individuos extremistas” de la localidad. Ante la presión del alcalde, Rojo le informa de que él se está ocupando de la persecución del grupo de sindicalistas, aportando la información de que los jóvenes Emeterio Raposo, Carlos Bilbao y Esteban Barreña se han fugado del hogar paterno y se dirigen a Zaragoza

Enero de 1933 es una fecha fundamental para el movimiento libertario en España y también en Durango. Los dirigentes de la CNT y de la FAI consideran que es momento de denunciar las penosas condiciones de vida de los trabajadores por lo que hacen un llamamiento a la insurrección general que produciría, por medio del “contagio revolucionario”, la aspirada revolución libertaria.

detención de Larrinaga El día 3 se descubre en Igualada que en una fundición propiedad del anarquista Antonio Guillén se están fabricando bombas preparadas para ser repartidas en todo el Estado entre los llamados grupos extremistas. En esta fábrica se encuentran tres mil bombas y varias cajas de explosivos. Se averigua que una remesa conteniendo dos cajas con 250 bombas y 180 kilos de peso en total se han enviado a Portugalete a nombre de un tal Ortiz y camufladas con el sello de una casa comercial de carbones de Bilbao. Cuando se presenta a recogerlas es detenido José María Larrinaga, a quien la prensa le atribuye la dirección de los elementos sindicalistas de Durango. La policía consigue saber por medio del citado Guillén que a primeros de mes se habían enviado a Durango dos cajas de bombas de 180 kilos de peso cada una.

El día 20, Ignacio Rojo, junto con miembros de la Guardia Civil de Durango, según informa en el parte que remite al alcalde, pone “a disposición” del gobernador civil a varios vecinos de filiación anarco-sindicalista (Isidro Echaburu, Emeterio y Francisco Raposo, Juan Ibarra, Esteban Barreña, Mauricio Aizpurua, Epifanio Osoro y Balbino Morado). Se les acusa de hacer explotar dos cargas de dinamita de gran potencia en un pinar de Bitaño y “como supuestos complicados en el último movimiento de carácter anarquista” que se había producido en la villa. También se averigua el paradero de dos kilos de material explosivo oculto en un palomar adosado a la casa de Epifanio Osoro en el número 28 de Artekalea. Todos ellos son encarcelados en la prisión provincial de Bilbao.

Larrinaga y los otros ocho compañeros son absueltos por “inculpabilidad”. Días después, el dos de septiembre, Ignacio Rojo informa al alcalde de que han aparecido varios pasquines colocados sin permiso en la villa anunciando un mitin de la CNT en la Terraza de Bilbao y denuncia que los autores del hecho son Emeterio Raposo, Esteban Barreña y José María Larrinaga.

Ante el continuo acoso al que son sometidos por parte del jefe de los municipales, la reacción no se hace esperar. El día 2 de enero de 1934, hacia las siete y veinte de la tarde y tras haber acompañado al alcalde al que ofrecía servicios de escolta, Ignacio Rojo es esperado por varias personas apostadas frente a las casas de los números 76 y 78 de la calle Olmedal, cerca de la ermita de la Madalena, y recibe tres disparos que le provocan la muerte en pocos minutos, a pesar de ser trasladado y atendido en la farmacia de Sanroma en la calle Uribarri. Detienen a los sindicalistas Juan Ibarra, Franciso Raposo y Balbino Morado. También se buscan a sus compañeros Esteban Barreña y Mauricio Aizpurua, pero estos han huido en el tranvía hacia Bilbao. Serían detenidos pocos días después.

Curiosamente, José María Larrinaga, jefe de los anarquistas de Durango, no participa en la operación ya que se encontraba detenido en el hospital porque el día 23 de noviembre se le había disparado el arma que portaba y había resultado herido de cierta gravedad. Y tampoco participan Epifanio Osoro y Justo Longarte, que estaban detenidos por insultos a la autoridad. Al funeral, presidido por el gobernador civil y el alcalde de la villa, acuden entre otros, Marcelino Oreja y varios líderes tradicionalistas de la provincia. El pleno del ayuntamiento, entre otros acuerdos, decide conceder una pensión vitalicia a los cuatro hijos y a Luciana Miguel, viuda de Rojo. Paradójicamente, tras la guerra civil, se le retira dicha pensión a la viuda por sus “simpatías izquierdistas”.