Falta Justicia y sobra legalidad

Cada vez tengo más claro que necesitamos una Revolución Cultural sin ahorrar esfuerzos en pedagogía e higiene civil que ayude a comprender, a quienes tienen que comprender, que por muy alto que se situe el pistón de las élites extractoras y muy bajo el pueblo al que se disfruta sometiendo a presión y represión, necesariamente habrá un punto sin retorno en el cual, rebasados los límites de la fuerza que los menos pueden ejercer y los más soportar, esta sádica violencia gratuita les será devuelta con creces en forma de estallido social descontrolado, cuando la gente, harta de su despotismo y crueldad, ya no se conformará con que se la atienda o se la entienda, que buscará cumplida física compensación emocional a tanto sufrimiento acumulado.

Sufrimiento psíquico al que somos sometidas todas las personas de bien cuando se nos informa de clamorosas injusticias a manos de los Tribunales, por pasiva, ante banqueros criminales, gobernantes delincuentes y empresarios ladrones a quienes las leyes primero ayudan a cometer sus fechorías y después a esquivar su condena, y por activa, cebándose con extremo celo ante indefensos pagadores de impuestos ignorantes de que la Justicia es fuerte con el débil y débil con el fuerte, como acabamos de volver a comprobar con una buena Señora de 63 años, vecina ejemplar de Fuerteventura con una hija discapacitada, un hijo desempleado y tres nietos menores a su cargo, Doña Josefina Hernández, mujer luchadora, justa, honrada y buena, que por ser pobre fue condenada a derribar su casa y a pagar una multa de 700 euros, con su pensión de 324 euros, recientemente un juez muy hijo putativos de la legislación vigente, le ha denegado la suspensión de la condena en tanto en cuanto se resuelva su solicitud de indulto, por lo que este mismo Viernes, si nadie lo remedia, esta excelente ciudadana será detenida, esposada y conducida al recinto penitenciario de Tahiche por las fuerzas de seguridad del Estado criminal para hacerla cumplir seis meses de privación de libertad.

Doliéndonos humanamente siempre más lo segundo, (que la pobre gente sea víctima de los Tribunales), que lo primero, (que los culpables se vayan de rositas), fundamento del denominado garantismo procesal, en la certeza apuntada por Publio Siro de que, “la absolución del criminal es la condena del juez”, cabe preguntarse dónde quedará situada su figura con la condena del inocente, más todavía, cuando se la hacen cumplir. Bastante sabe el mazo esbirro de su fechoría cuando la prensa evita pronunciar su nombre por miedo a las comprensibles represalias que su crueldad le hubiere generado a manos de la plebe. Porque, todos apreciamos la labor del juez que arriesga su paz espiritual para hacer posible la humana convivencia arriesgándose a cometer equivocación, potestad para la que se prepara profesionalmente y la entera comunidad le faculta sin reprocharle nunca que la misma aparezca dada la falibilidad de nuestra limitada condición cognitiva, pero no el errar a sabiendas, asunto imperdonable en alguien que como él debería tener muy presente que en la actualidad estamos faltos de Justicia y muy sobrados de legalidad.

Son hechos ignominiosos como el presente, los que van cargando poco a poco las pilas de la población que ha aprendido a contestar adecuadamente en las encuestas para que los Poderes que las ordenan y pagan no sepan cuando va a saltar la chispa que encienda el mecanismo de autodefensa que toda sociedad, llegado el momento, por mucho miedo que tenga y por mucha manipulación a la que haya sido sometida, por mero instinto de supervivencia, activará por sorpresa, momento clave, en el cual, con la ayuda de dios que sólo apoya a quien lucha y el amor misericordioso de Nuestro Señor Jesucristo, nuestros verdugos, serán llamados uno a uno por sus nombres y apellidos sumariamente en el Reino de los Cielos, tras pasar aquí por el infierno, que es mejor ser castigado por mano humana y perdonado por la divinidad que no al revés, siendo como es la vida corta y el resto toda la eternidad.

Alfon, o el Principio RENFE de Jurisprudencia

Hace una semana, fue detenido en Madrid “Alfon”, un joven que a decir de sus vecinos, compañeros y amigos, es una excelente persona a quien han condenado a cuatro años de prisión por portar explosivos durante la jornada de Huelga General del 2012 tras confirmarse la sentencia por el Tribunal Supremo al considerar esta Institución dependiente del PPSOE que los artefactos caseros explosivos que obraban en su poder, podrían haber causado daños.
Lo que no aclara tan avanzada sentencia condenatoria es, en qué grado de cumplimiento estima ese “podría haber causado” porque, no creo yo, que se puedan adjudicar, así como así, cuatro años de cárcel a un joven sin especificar si se trata de un “posible” o un “probable” o cuando menos el grado de intención del sujeto si estaba dudando o decidido a cometer el acto. Y tampoco entra a precisar de qué daños se trata, de modo que, se me hace muy difícil entrar a valorar si los cuatro años de condena a este joven, son proporcionados o desproporcionados. Sea entonces, que en una extensión de este ejercicio de Derecho Ficción, hagamos una simulación que ilustre ese “podría haber causado daños” para mejor calibrar la sentencia.
Lo primero que nos tenemos que preguntar, es si el sujeto en cuestión tiene fácil acceso con una bolsa de explosivos a los lugares adecuados para causar daño entre las Elites Extractoras como podría ser bajo la mesa del Consejo de administración de un Banco cuando nos suben los tipos de interés o las hipotecas, en el patio de butacas durante la Asamblea de Accionistas de una Multinacional cuando se disponen a anunciar el reparto del dividendo, en algún complejo de lujo donde se celebran fiestas entre champán y caviar; o si le es sencillo atravesar las medidas de seguridad para colarse entre sus sirvientes y esbirros de la política como, por ejemplo, en el Palacio de la Moncloa, al Congreso o al Senado, donde hacer estallar su artefacto en pleno Pleno pleno haciendo pleno. O en su defecto, si nada de lo anterior pareciera factible, si el susodicho, estaría en disposición de pasar con semejante mercancía por los escáneres y detectores de metales que los medios de transporte en que viajan sobreprotegidos las elites y sus esbirros como son los aviones y el AVE…porque de no ser así, el daño causado, por muy grande que fuera para el resto de la población, entiéndase que hubiera destrozado un nicho de 60 metros cuadrados donde vive una familia en paro, hecho saltar por los aires un utilitario de un albañil, dañado los columpios del parque del extrarradio…como que no sería motivo suficiente para alarmar a la sociedad y menos para emitir sentencia tan grave.
Mi afirmación se corresponde con lo que he denominado Principio RENFE de Jurisprudencia; he podido observar que cuanto más selecto es el pasaje, mayores medidas de seguridad obliga a tomar el Estado a las Compañías de Transporte y mayor celo ponen estas en su cumplimiento, y así como nadie vigila que en el metro o en los autobuses se deje mochilas repletas de explosivos, porque a fin de cuentas estos medios colectivos son utilizados por la mayoría de trabajadores y sus crías a quienes jocosamente en lenguaje empresarial se denomina “recursos humanos”, una compañía como RENFE que visa y revisa a todo el pasaje y todo el equipaje antes de subir al AVE, permite a todo pichichi acceder, cual Perico por su cuadra, a los Cercanías. Pues bien, esta disposición oculta para todo protocolo de Transporte Público, debe actuar también en Jurisprudencia, y mientras los sujetos no amenacen el bienestar de los que mandan y de quienes tienen el poder, entiendo yo que se puede dejar hacer. Y por tanto, juzgo desmesurada la sentencia, pues con un artefacto casero, portado en una bolsa de supermercado, como que a lo más que se podría haber llegado era a haber reventado un botellón en fin de semana.

De la edad penal

Solemos quejarnos de la tardanza de los tribunales a la hora de impartir Justicia, aun cuando la misma refuerza el garantismo procesal. Empero, conviene ir con los pies de plomo a la hora de enunciar las leyes con las que habremos de dispensarla en el día a día de los pleitos, evitando en lo posible legislar a sobresalto de los titulares del Telediario, pues de lo contrario, la misma será conducida por el visceral instinto que nos define como animales, en vez de, por la deseable razón que se predica de lo humano, cosa peligrosa, que muy seguramente haría entonces apetecible que la ahora deplorable lentitud de la justicia, se dilatara en la eternidad por miedo a ver cumplido un código penal demencial nacido de la cólera y el brote pronto insensato.

La reciente tragedia acaecida en el instituto catalán donde un joven de trece años ha matado a un profesor, cuya circunstancia tiene más que ver con un impredecible brote psicótico que con un problema de violencia en las aulas, está siendo irresponsablemente aprovechado por los partidarios de volver a la peor de las disciplinas en una retroalimentada Pedagogía Negra que les hace recordar la mili como el sumun de las experiencias místicas, y así como los partidarios del “Creacionismo” teológico ahora apuestan fuerte por el denominado “Diseño Inteligente” algo más cientificista, los amantes de la violencia como instrumento pedagógico, enarbolan la necesidad de rebajar la edad penal y poder juzgar como adultos a los niños en casos graves como el de asesinato. Analicemos en lo que vale esta propuesta:

Tomando como referente el motivo de este chaval de trece años que ha matado a un profesor, hay mucha gente que en bares y terrazas demanda un escarmiento ejemplar, para mandar un mensaje a la sociedad. Pero ¿Qué mensaje sería este?

El mensaje sería que alguien a quien no se le permite votar si quiera en las municipales; alguien al que no se le concede poderse sacar el carné de conducir; alguien que no puede viajar sólo en avión y menos al extranjero; sujeto al que no se le permite entrar sin un mayor a bares ni cafeterías, pero tampoco acompañado a un bingo, un casino, un sex shop o un puticlub; a quien le está prohibido jugar a las tragaperras; a quien bajo pena de multa no se le puede vender alcohol ni tabaco ni en los supermercados; individuo al que se le remite a la sección infantil de la biblioteca cuando la de mayores está saturada; al que ni siquiera se le concede poder mantener relaciones sexuales consentidas, llegar más tarde de las diez en invierno a casa, al que no se le posibilita acceder al mercado laboral, ni emanciparse de sus padres, alguien todavía sujeto a notas y a quien se mandan deberes de un día para otro…a una persona así, se le puede juzgar como adulto. Mas entonces, ¿en qué queda eso de a iguales derechos iguales obligaciones?

La propuesta de jugar a un niño como adulto se deja arrastrar por la gravedad del delito cometido, cuando la Justicia y la ley deben prestar atención también tanto a las circunstancias del hecho como al sujeto que lo comete, porque la auténtica Justicia, no consiste en tratar a todos por igual, sino a cada cual como se merece. Y si juzgamos a los niños como adultos ¿Cómo juzgaremos a los adultos? ¿Cómo a los niños?

Se mire por donde se mire, la propuesta de rebajar la edad penal para que los menores sean juzgados con mayor severidad en el código penal, no se sostiene desde un punto de vista racional. Ahora, como espectáculo y morbo mediático…ahí ya no tengo dudas: al presencia de niños llorando ante los jueces así como la ejecución en EEUU de menores en los años noventa, elevó los índices de audiencia de los debates de radios y televisiones.

Contra la Usura Legal

Umberto, un infatigable pagador de impuestos, trabajador nato, buen ciudadano respetuoso de la ley y la autoridad, seguramente votonto habitual en las elecciones, vecino del barrio madrileño de Tetuán, ha sido desahuciado con la colaboración de la Policía Nacional este pasado lunes de su primera vivienda tras ponerse los Tribunales de parte de su acreedor Antonio Arroyo Arroyo cuyo nombre habrá de ser recordado por la sociedad para que cobre a su debido tiempo igualmente por vía judicial, quien en calidad de prestamista le concedió un crédito de 4.000 euros en 2011, deuda inicial que por lo que se ve se transformaría en 32.000 euros al cabo de seis meses según Antonio Arroyo por los intereses vencidos, cantidad que evidentemente Umberto ha sido incapaz de afrontar, lo cual le ha supuesto en pleno siglo XXI en un estado miembro de la Unión Europea y con sillón no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, la pérdida legal de su propiedad y ser echado a la calle junto a su mujer y tres niños pequeños en pleno invierno.

Umbertos, lamentablemente hay muchos entre la pobre gente, personas normales, confiadas en que el Estado de Derecho vela por su seguridad contra los ladrones que acechan en las calles que se mantiene vigilante para evitar intoxicaciones alimentarias por parte de la industria del ramo, alerta también ante cualquier manipulación del mercado por parte de las grandes empresas para alterar al alza los precios, comprensible ingenua relajación de su responsabilidad civil de cuantos, además de tener que trabajar todo el día para poder llevar un jornal a casa, son padres que han de educar a sus hijos e hijos que han de cuidar de sus padres mayores, pues bastante contribuyen al Estado de Bienestar, haciendo su trabajo lo mejor que saben, criando como buenamente pueden a los futuros ciudadanos que habrán de pagar nuestras pensiones, como para exigirles lo que se supone es la tarea que tiene encomendada esa gentuza ejecutiva llamada Gobierno, esa calaña legislativa conocida como parlamentarios, esa chusma judicial integrada por abogados, jueces y fiscales y ese aparato represor en el que se integran el Ejército, la Policía y el entero sistema penitenciario, de modo que, en su literal idiotez etimológica, cuando se ven en la necesidad, que no capricho, de adquirir un producto financiero, dígase unas Preferentes, Acciones de Robankia, Bonos del Estado o como es el caso, un microcrédito, lo que menos se puede imaginar un trabajador honrado, ciudadano de un país desarrollado, es que la ley permita que, por no estar en disposición de pagar tan pequeña cantidad, ello suponga la pérdida de su vivienda por ley, la misma que respeta y a manos de la policía, la misma que paga diariamente con sus impuestos. Pero ¿Esto qué es? ¿En qué país vivimos? No se molesten en responder, son preguntas retóricas: Esto es usura y vivimos en un país basura.

Algunos imbéciles en su sentido estricto psiquiátrico, creen que, si hay de por medio un acuerdo firmado, por muy aberrantes que sean las condiciones, este debe ser respetado moralmente y aún defendido por el marco jurídico imperante. Ahora bien, sucede que desde el código de Hammurabi, para que un contrato sea conforme a Derecho, este debe ser contraído por las partes en situación de libertad. Y explíqueseme a mi, en qué grado de libertad se puede hallar alguien que firma cosa semejante; la misma de la que participan los ancianos rodeados de abogados, en su lecho de muerte solos en las residencias cuando entregan cuanto tienen a los apoderados del banco; ¿Qué será lo siguiente? ¿Un contrato presentado a firmar por el cirujano a la entrada del quirófano antes de operarnos a vida o muerte para que le entreguemos las llaves del coche o de lo contrario no interviene? Precisamente, esta es la cuestión sobre la que la autoridad debe poner todo su celo, que los contratos hechos entre las partes sean libres y no sometidos a la coacción de las circunstancias ni suscritos por personas con sus facultades disminuidas, mermadas o alteradas por una necesidad extrema de la que individuos sin escrúpulos pretenden aprovecharse.
Antonios Arroyo, hay muy pocos. Pero muy malvados y sobre todo, muy poderosos, por contar con el apoyo decidido y nada disimulado del Gobernante criminal de turno que sitúa los inhumanos dividendos de las farmacéuticas por encima de la vida de los pacientes, los ingresos de las Grandes Multinacionales por delante de las Pymes, autónomos y pequeño comercio y como hemos podido comprobar a diario durante la Globalstaf, entiéndase crisis, los intereses de la Banca por encima y por delante de los intereses de la población, siendo lo suyo un botón de muestra de lo envilecido que está el sistema.
No sé cómo ni cuando se ha llegado a contemplar por parte de políticos, jueces y policías como legal y ajustado a Derecho que un trabajador honrado, padre de tres hijos pequeños pueda ser desahuciado y ejecutado de su primera vivienda por una deuda de 4.000 euros. Lo que sí tengo muy claro es que en breve les vamos a tomar declaración a todos desde el primero, el Jefe del Estado, hasta el último agente, para que expliquen si les es posible hacerlo, su cruel actuación en estos crímenes cometidos contra la población civil indefensa, a fin de que paguen por su responsabilidad o en su defecto, como le sucederá en el Juicio Final de nuestro Dios Padre a Antonio Arroyo, ser desahuciados y ejecutados en la plaza pública.

Por un Tribunal del Pueblo

Denominándose “Ministerio de Justicia” en vez de como le corresponde “Ministerio de Legalidad” el organismo oficial del que depende su quehacer habitual impostor en su propósito declarado, absurdo en la disposición de sus medios e ineficaz en su resolución a la vista de los resultados obtenidos, el descomunal cuan lentitudinario ejército de abogados, jueces, fiscales, procuradores, notarios y secretarios judiciales que han vivido durante décadas del ejercicio disimulado de su profesión trayendo y llevando papeles, tiene una deuda de lealtad para con la población a la que como gremio han faltado, por no haberse negado a trabajar para un sistema deliberadamente aberrante, que llena las cárceles de pobre gente mientras protege a los grandes delincuentes del país, débito profesional que todavía están a tiempo de amortizar si se aprestan, aunque sea en esta fase de derrumbe del sistema, a conformar Tribunales del Pueblo dispuestos a juzgar y condenar como es debido por medio de publicidad de sus personas, expropiación de sus bienes y auténtica privación de libertad, a cuantos sinvergüenzas habiendo de modo reiterado cometido delitos probados en la realidad de los hechos contra el Estado, la Patria y la Sociedad Civil hayan empero escapado a su merecido castigo durante la Partitocracia que los ha protegido por motivos formales o procesales, permitiéndoles eludir el banquillo, archivar su causa, declarar nulo el procedimiento, prescribir el delito y demás triquiñuelas jurisprudenciales, contempladas en una legislación ideada para controlar a la gente en su vida diaria, mas dejar las manos libres a los criminales de traje y corbata.

Ciertamente, sabemos de su malestar y de sus quejas a través de asociaciones como “Jueces para la Democracia” o incluso pronunciamientos de los máximos responsables del CGPJ. Ellos mejor que nadie conocen de primera mano los desmanes cometidos en los juicios y los vicios del sistema empezando por su falta de independencia e imparcialidad. Pero resulta también y no es dato menor, que ellos son colaboradores necesarios de tan magno despropósito y no parece, en este caso, razón suficiente a esgrimir como justificación de su comportamiento, la obediencia debida a la Ley, no al menos en estas circunstancias donde todo indica que se trata no ya de una ley injusta, desfasada, inapropiada, equivocada, desproporcionada, mal hecha y a mala fe, sino de la entera Legislación, pues, si bien compartimos que el ciudadano particular debe comportase con criterios socráticos ante las leyes singulares aceptando su acatamiento al margen de su particular opinión sobre la calidad de su justicia o injusticia puntual, no así tratándose como se trata, de la mayoría de expertos en la materia. Me explico: Una cosa es la Legislación y otra las leyes que lo integran. Una cosa es un ciudadano común y otra un experto en Derecho. Es posible que tanto un ciudadano común como un Juez deban acatar la ley indistintamente de cuál sea su opinión, para que funcione el Estado de Derecho. Pero, si ya tengo mis reservas éticas sobre si una persona debe respetar un Régimen Legal cuando particularmente está convencido de su invalidez extrema de conjunto, mantengo que cuando la comunidad de expertos en Derecho coinciden en clamar contra los vicios ocultos de la Legislación que la invalidan de raíz para su sano cometido, entonces, existen motivos evidentes para su desobediencia o incumplimiento en las salas y Palacios de Justicia.

Para apoyar esta última mía observación, extrapolemos la situación a otras áreas de actuación funcionarial dependientes directamente de un Ministerio. Evidentemente, la casta docente poco o nada me ayudaría en mantener mi postura; antes reforzaría la actuación de los “puñeteros mangantes” – entiéndase los letrados que visten puñetas en sus mangas – pues no se quedan cortos que digamos en su impostor disimulo a cambio de percibir mensualmente su salario del erario público. Sin embargo, creo que todos ustedes estarán en condiciones de percibir cierto grado de verdad en lo comentado, si ponemos por caso, que la mayoría de médicos, enfermeros, auxiliares, farmacéuticos…despotricaran abiertamente entre ellos, ante sus pacientes y en los medios de comunicación sobre algunos medicamentos nocivos para la salud, sobre ciertos tratamientos peligrosos y acerca de varias prácticas incorrectas. ¿Creen ustedes que pese a las directrices oficiales o facultativas, la mayoría de los profesionales sanitarios continuarían administrando los fármacos, aplicando los tratamientos y realizando dichas prácticas? Yo sé que no. Rápidamente, lo primero que harían en conciencia y bajo su responsabilidad sería dejar de recetar los medicamentos que consideran dañinos para sus pacientes, interrumpir los tratamientos demostrados inadecuados para el enfermo, sin esperar las respuestas institucionales que den a sus posteriores denuncias tramitadas. Porque, cuando se trata de la vida de las personas, no vale salirse por la tangente y echar balones fuera.

Pero, es que la vida de las personas, hoy ya no está en manos sólo de los médicos; también lo está en la de los tribunales de modo directo o indirecto cuando dejan en libertad a quienes roban nuestros ahorros o consienten se ejecuten desahucios a familias sin recursos. Y es de esto de lo que se trata: si los expertos en leyes a quienes forma y confía la sociedad civil velar por la justicia y sus derechos, pueden lavarse las manos tras colgar la toga acabado el pleito, cual mecánico hace al quitarse el mono azul en su taller. Lamentablemente, no parece que la legislación se comporte como un motor inmóvil aristotélico cuya promulgación baste, sea para hacer justicia o injusticia.

Si deseamos evitar que a la actual situación de injusticia institucional le siga otra injusticia sumarísima de carácter popular, urge trabajar desde ya en la creación de Tribunales del Pueblo cuya articulación precisa de todos esos funcionarios que entran y salen de los juzgados echando pestes de las tropelías que se cometen amparadas por ley, al objeto de que la ciudadanía, harta de su inoperancia, no se tome la justicia por su mano, porque cuando acontece, suelen pagar de nuevo justos por pecadores.