Falta Justicia y sobra legalidad

Cada vez tengo más claro que necesitamos una Revolución Cultural sin ahorrar esfuerzos en pedagogía e higiene civil que ayude a comprender, a quienes tienen que comprender, que por muy alto que se situe el pistón de las élites extractoras y muy bajo el pueblo al que se disfruta sometiendo a presión y represión, necesariamente habrá un punto sin retorno en el cual, rebasados los límites de la fuerza que los menos pueden ejercer y los más soportar, esta sádica violencia gratuita les será devuelta con creces en forma de estallido social descontrolado, cuando la gente, harta de su despotismo y crueldad, ya no se conformará con que se la atienda o se la entienda, que buscará cumplida física compensación emocional a tanto sufrimiento acumulado.

Sufrimiento psíquico al que somos sometidas todas las personas de bien cuando se nos informa de clamorosas injusticias a manos de los Tribunales, por pasiva, ante banqueros criminales, gobernantes delincuentes y empresarios ladrones a quienes las leyes primero ayudan a cometer sus fechorías y después a esquivar su condena, y por activa, cebándose con extremo celo ante indefensos pagadores de impuestos ignorantes de que la Justicia es fuerte con el débil y débil con el fuerte, como acabamos de volver a comprobar con una buena Señora de 63 años, vecina ejemplar de Fuerteventura con una hija discapacitada, un hijo desempleado y tres nietos menores a su cargo, Doña Josefina Hernández, mujer luchadora, justa, honrada y buena, que por ser pobre fue condenada a derribar su casa y a pagar una multa de 700 euros, con su pensión de 324 euros, recientemente un juez muy hijo putativos de la legislación vigente, le ha denegado la suspensión de la condena en tanto en cuanto se resuelva su solicitud de indulto, por lo que este mismo Viernes, si nadie lo remedia, esta excelente ciudadana será detenida, esposada y conducida al recinto penitenciario de Tahiche por las fuerzas de seguridad del Estado criminal para hacerla cumplir seis meses de privación de libertad.

Doliéndonos humanamente siempre más lo segundo, (que la pobre gente sea víctima de los Tribunales), que lo primero, (que los culpables se vayan de rositas), fundamento del denominado garantismo procesal, en la certeza apuntada por Publio Siro de que, “la absolución del criminal es la condena del juez”, cabe preguntarse dónde quedará situada su figura con la condena del inocente, más todavía, cuando se la hacen cumplir. Bastante sabe el mazo esbirro de su fechoría cuando la prensa evita pronunciar su nombre por miedo a las comprensibles represalias que su crueldad le hubiere generado a manos de la plebe. Porque, todos apreciamos la labor del juez que arriesga su paz espiritual para hacer posible la humana convivencia arriesgándose a cometer equivocación, potestad para la que se prepara profesionalmente y la entera comunidad le faculta sin reprocharle nunca que la misma aparezca dada la falibilidad de nuestra limitada condición cognitiva, pero no el errar a sabiendas, asunto imperdonable en alguien que como él debería tener muy presente que en la actualidad estamos faltos de Justicia y muy sobrados de legalidad.

Son hechos ignominiosos como el presente, los que van cargando poco a poco las pilas de la población que ha aprendido a contestar adecuadamente en las encuestas para que los Poderes que las ordenan y pagan no sepan cuando va a saltar la chispa que encienda el mecanismo de autodefensa que toda sociedad, llegado el momento, por mucho miedo que tenga y por mucha manipulación a la que haya sido sometida, por mero instinto de supervivencia, activará por sorpresa, momento clave, en el cual, con la ayuda de dios que sólo apoya a quien lucha y el amor misericordioso de Nuestro Señor Jesucristo, nuestros verdugos, serán llamados uno a uno por sus nombres y apellidos sumariamente en el Reino de los Cielos, tras pasar aquí por el infierno, que es mejor ser castigado por mano humana y perdonado por la divinidad que no al revés, siendo como es la vida corta y el resto toda la eternidad.

Robo de Estado por enfermedad

Si no perdemos de vista el axioma sociológico “El Gobernante es enemigo natural del Pueblo”, comprenderemos sin dificultad lo presto que se muestra para cometer toda suerte de ilegalidad contra la mayoría social en beneficio propio, importándole poco o nada, el respeto a la ley, que dicho sea de paso, está hecha por y para quienes gobiernan de verdad: las élites extractoras. De modo que, la población, navega sin saberlo entre Escila y Caribdis, pues si malo es que los gobernantes criminales se salten la ley a la torera, no nos va mejor cuando se esfuerzan públicamente en hacerla cumplir a rajatabla.

Que en pleno siglo XXI una persona trabaje para otra, ya me parece vergonzoso; pero al margen de esta particular apreciación radical, hoy el trabajador, empleado, asalariado, autónomo si se prefiere la expresión, además de a la explotación directa laboral se ve expuesto a otros procedimientos indirectos que actúan a través del mercado, donde los desgraciados no perciben cómo las élites extractoras cuentan con ellos fuera de las cadenas de montaje, de las fábricas, de los talleres, de las oficinas, de los almacenes, de las obras…gracias a la transformación del ciudadano en consumidor, para extraerles de nuevo el mayor beneficio al menor coste durante su tiempo de ocio, por medio de modas culturales estériles, en su propio hogar introduciéndoles mobiliario basura coherente con la birria de vivienda que se le vende, en su alimentación de supermercado donde la mierda compite con el veneno en averiguar cuál perjudica más, y ahora, por lo que se ve, queda evidenciado que lo mismo ocurre cuando el trabajador se pone enfermo.

Esta desalmada realidad, que hasta la fecha, sólo era bien conocida por las gentes de países empobrecidos que veían como sus familiares se morían sin remedio de enfermedades tratables en Occidente por falta de recursos económicos, gracias a la Gran Estafa Internacional, empezamos a experimentarlo aquí, como lo prueba la situación angustiosa en que se encuentran los 700.000 afectados por hepatitis C, que existiendo desde hace tiempo un remedio con una efectividad superior al 90%, no pueden acceder a él de forma individual dado su coste de 90.000 euros, más tampoco parece que su administración por parte de la Seguridad Social esté garantizada, al menos, mientras quienes gobiernen se empeñen en cumplir las leyes internacionales que castigan la producción genérica de un fármaco que cuesta casi 1000 euros la pastilla.

Estamos al corriente de la complejidad que implica cualquier reflexión sobre el reconocimiento del esfuerzo científico-empresarial que hay tras los precios de los medicamentos, perspectiva asumible desde una posición liberal moderada. Pero nunca, cuando la circunstancia es extrema como la de los afectados por hepatitis C, momento en que todo aspecto mercantil debe ponerse entre paréntesis, como le sucede a un terreno privado ante una expropiación o a los Derechos Humanos en periodo de Guerra. Y es llegados aquí, que la gente se indigna, porque dándose los indicadores suficientes para que el Gobierno declare al dichoso medicamento “Bien de Emergencia Nacional” en lugar de dar la orden de ponerlo a producir en los laboratorios militares que tenemos al efecto, se empeña en cumplir la ley internacional que protege la patente, o en el mejor de los casos, anuncia una negociación sin demasiada convicción con la farmacéutica. Pero hay otra forma de hacer las cosas y hasta de negociar con la industria criminal como han demostrado con el SIDA la India, Sudáfrica o Brasil, que no titubearon en despachar los retrovirales con la misma soberanía con que sus bancos centrales emitían moneda.

Tratándose de una enfermedad mortal que afecta a varios miles de ciudadanos, de un medicamento imprescindible para su supervivencia inmediata, de un precio desorbitado para el paciente y demasiado elevado para las arcas del Estado, estaría más que justificado que Rajoy tomara una medida semejante y si no lo hace, es porque tanto él como sus ministros obtendrán mayor beneficio económico cumpliendo la ley internacional de las patentes que protegen a la Industria Farmacéutica, que pasársela por el forro de los cojones, como hace con todo lo demás para defender la vida de sus ciudadanos.

Muy comprensiblemente, la primera reacción del Gobernante Criminal, ha sido procurar impedir con todos los medios a su alcance que una eventualidad como la hepatitis C, detraiga los recursos presupuestados para la corrupción política-institucional; sobrepasada esta primera resistencia, su estrategia ha consistido en dilatar lo más posible dicho contratiempo; únicamente, cuando los afectados se han mostrado dispuestos a luchar por sus vidas, ha anunciado que, algunos de ellos, van a recibir en breve el tratamiento, sufragado por el Ministerio de Salud central y no por las CCAA que tienen trasferida la competencia. ¡Curioso!

¡¡Curiosísimo!! Los mismos que andan mirando el céntimo en el gasto con la excusa de la deuda, se muestran repentinamente generosos en el pago de esta gravosa factura, lo cual, me hace sospechar que se trata una vez más de una intrincada triangulación del beneficio.

Si España paga el medicamento milagro al precio que exige el laboratorio o si a caso tras negociar fuera la mitad, en vez de sacarlo por el precio sensiblemente inferior obtenido por las autoridades sanitarias de Egipto, estaríamos de nuevo ante un caso de Traición a la Patria, pues seguramente quienes dieran el visto bueno a pago tan canalla, de nuestra pérdida colectiva saldrían ganando una alta remuneración tras su salida del Gobierno en forma de acciones, nombramientos en consejos o mediante conferencias sobre salud pública sufragadas por la farmacéutica en cuestión. ¡Matémosles!

Preocupante Ley de Seguridad

La eufemísticamente autoproclamada “Ley de seguridad” está causando estupor, alarma y preocupación. ¿Entre quienes? ¿Entre los delincuentes habituales apostados a pie de calle viendo pasar a la policía que hoy los detiene para que mañana los jueces los dejen en libertad? ¡No! ¿Entre el crimen organizado de las distintas mafias internacionales cuyas inversiones son bienvenidas a lo largo y ancho de la península sin miedo a las órdenes de detención dictadas por Interpol amparados por reiterados defectos de forma que les libra de ingresar en prisión? ¡No! ¿Entre los banqueros estafadores, empresarios defraudadores y políticos corruptos que hacen y deshacen a sus anchas en muy buena sintonía? ¡No! Por el contrario ¿Será entonces entre los trabajadores de la Educación, Sanidad y Justicia que desean reclamar sus derechos para defender el sistema universal de su ámbito de actuación por medio de escandalosas privatizaciones? ¡No! ¿Acaso entre los perroflautas del 15-M, los anti-sistema o los revoltosos de siempre dedicados a protestar por protestar destruyendo la paz social? ¡No! ¡No! Y ¡No!
La preocupación por la involución legal a la que estamos asistiendo en nuestro país a manos de los gobernantes criminales está preocupando ¡y mucho! en Europa. Tanto es así, que el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ha realizado una contundente crítica que paso a detallar:
El Comisario de derechos Humanos, afirma con rotundidad que, esta ley es altamente problemática, mostrando su seria preocupación por las altas multas propuestas. A este respecto ha comentado con ironía “Desearía que alguien del Gobierno español me convenciera de que 600.000 euros por ofensas muy serias es una multa proporcionada para un Estado de Derecho”. Igualmente, la mencionada autoridad europea ha subrayado la incertidumbre jurídica que proyecta la interpretación que en la práctica hagan los jueces de ciertas expresiones recogidas en la ley como “ofensas a España” o “poner en peligro la seguridad ciudadana”. A colación de esto último, se cuestiona “hasta qué punto están claros los conceptos o si la gente puede predecir cuándo no está incumpliendo la ley, y hasta qué punto existe el riesgo de que haya una interpretación arbitraria”. Por último, desde Europa tampoco gustan las disposiciones que prohíben el registro de imágenes o datos personales de los policías durante las manifestaciones pues puede afectar directamente a la rendición de cuentas por parte de los agentes en caso de mala actuación por su parte.
Ante este nuevo varapalo internacional que sumar a la derogación de la “Doctrina Parot” y la reciente investigación abierta sobre la Tragedia de Ceuta, el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha exigido a Muiznieks que “respete al Gobierno, al Congreso de los Diputados y a España”, esquema de exigencia que bien podría ponerse en boca de cualquier Dictador ante una protesta venida de fuera de sus fronteras que le es difícil acallar mostrando la defensa de una Legislación criminal, dictada por un Gobierno criminal con el aplauso de una cámara de representantes criminal como pudo ocurrir con las leyes de Núremberg, el Gobierno de Hitler y el Parlamento Nazi.
En la medida en que el Presidente Rajoy nada tenga que ver con Franco, ni el Partido Popular con el Franquismo, lo suyo sería que las palabras del Comisario Europeo para los Derechos Humanos, no cayera en saco roto y se tomara buena nota de sus observaciones, dichas desde la neutral distancia y la alta responsabilidad con las que se pronuncia desde su cargo, si no deseamos que España aparezca también retratada junto a Turquía – País amigo y aliado de la OTAN al que nos unen grandes intereses comerciales, principalmente armamentísticos – en el plano del respeto a los Derechos Humanos como ya lo ha sido en el plano político con la bochornosa visita de Rajoy a Erdogán durante un mitin del partido islamista que este preside.