El aforamiento es un privilegio

foto balcon palacio

Todas las personas somos iguales. No es verdad, por mucho que lo consagre solemnemente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas en 1948. Es un hermoso objetivo, pero de momento solo es una utopía. De hecho, somos profundamente desiguales en derechos reales, una desigualdad que, para hacerse más notoria, la llevamos a los tratamientos y distinciones. Y también en la justicia.

En España es particularmente doloroso que la desigualdad se vea incrementada por la existencia del aforamiento, residuo de una sociedad feudal y autoritaria. Se da por hecho el reconocimiento de honores y privilegios a determinadas personas en función del cargo y rango que ostentan en el ejercicio de sus funciones políticas e institucionales.

La desigual Constitución de 1978 (que empieza por marcar la primacía del varón para la herencia de la Corona) ha dado pie a la promulgación de decretos y normativas que regulan el uso y llevanza de determinados títulos, tratamientos, dignidades, honores y privilegios para aquellas personas que formen parte de los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. A buena parte de sus dignatarios se les concede la calidad de aforado, por la cual su responsabilidad jurídica se deposita en una instancia superior, Tribunal Supremo o Tribunal Superior de Justicia autonómico. Más de 17.000 ciudadanos, teóricamente iguales que nosotros, tienen esa condición privilegiada en España. Un hecho escandaloso, al menos simbólicamente, que aflora ahora que la corrupción sacude las instituciones y los partidos que las sustentan.

El primer aforado, y más que aforado, el rey, a quien se le concede un grado de impunidad objetiva: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” (art. 56 de la Constitución). Además, a los miembros de la familia real se les concede el aforamiento. Por si fuera poco, a Juan Carlos, ex rey, sin cargo divino ni humano, se le va a incluir en la nómina de los privilegiados para que, en su caso, sea juzgado por jueces nombrados por los dirigentes del Estado. La previsión de su próximo aforamiento es lo que ha levantado la alfombra de los desmanes de esta forma de inmunidad, cuya razón de ser no se justifica en un país democrático de verdad. “Todos somos iguales ante la ley”, dijo en un mensaje navideño. Obviamente, era tan falso como el entramado de la Zarzuela y sus corruptelas familiares.

Tal vez el aforamiento sea un concepto más bien aparente. Una cuestión de trámite, un protocolo. Siendo esto así, que el aforamiento no contiene privilegio, sino que es una cuestión procesal, ¿qué sentido tiene mantenerlo? ¿Cuál es su virtualidad? Todo indica que es un procedimiento de clase VIP, por el cual las personas aforadas, en virtud de su cargo, no pueden “rebajarse” a entrar en los juzgados de instrucción o en las audiencias provinciales como cualquier ciudadano, para responder a denuncias y hacer sus declaraciones ante jueces y fiscales corrientes, sino que han de hacerlo entrando por la puerta grande, la puerta de la solemnidad de los ostentosos y lentos tribunales, donde son recibidos y tratados de forma diferente. Es verdad que se les reduce una instancia judicial, pero se les otorga el privilegio de no entrar, como los demás, por la puerta de servicio.
Esa es la percepción pública. Que es un privilegio procesal y formal, que choca con la igualdad. Que no tiene vigencia. Que parlamentarios, jueces y autoridades deben ser iguales y soportar las carencias y lentitudes del sistema judicial, como los demás. Deben dar ejemplo. Más de 17.000 cargos disfrutan de un tratamiento judicial singular, ad hoc. Lo justifican en que el tribunal superior es más independiente que el tribunal ordinario. ¿Pero no habíamos quedado en que el poder judicial, en su conjunto, es independiente? ¿No será que los políticos creen que los jueces de alto rango, sometidos también a la tensión de determinados nombramientos institucionales, son maleables?

El aforamiento es una anomalía democrática que determina una imagen privilegiada de “la casta” política, judicial y monárquica y proyecta una contradicción frente a la teórica igualdad de las personas. No tiene razón de ser que en el siglo XXI existan prebendas como las que gozan el rey, el ex rey y la familia real, de por sí privilegiados por herencia. Y no puede ser que la clase política no asuma la necesidad de la ejemplaridad ética. El aforamiento es un lastre.

La sociedad ha cambiado y exige modelos nuevos que sitúen a todos los ciudadanos sin distinción en el mismo rango, real y simbólico, de igualdad. Las autoridades deben dar el primer paso y derogar la vergonzante formalidad del aforamiento.

Isabel Angulo
Directora de la Escuela Vasca de Protocolo

1 comment

  1. Y los fueros qué son? Garantía de igualdad ciudadana, no parece.

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