Ni en Iruña ni en Leioa

Lo de los episodios violentos de vuelta a nuestras calles empieza a parecerse a la corrupción del PP. Demasiados y demasiado seguidos para que cuele que son casos aislados. Y qué despiste monumental, por cierto, en cuanto a las repulsas, los rechazos y las condenas. Hasta donde llevamos visto, no es lo mismo en qué lugar se producen ni a quién hacen la faena. Qué diferencia entre el inmenso cabreo que parecieron suscitar los altercados del Casco Viejo de Iruña con los condescendientes silbidos a la vía que han seguido a los enésimos estragos causados por la alegre chavalada en instalaciones de la Universidad del País Vasco. Es gracioso, o más bien, simplemente revelador, que los que nos abrasan con sus martingalas sobre la defensa de lo público se muestren tan poco exigentes cuando unos niñatos que malamente aprobarían la ESO se cargan material de uso común que nos sale muy caro.

Están de más las medias tintas, las inercias y las holgazanerías justificatorias que contienen la expresión “pero es que”. La contundencia en la denuncia no tendría que dejar lugar a dudas. Lo explicaba muy bien Xabier Lapitz el otro día. El fin de estos grupúsculos que, pese a su supuesta pequeñez, tanto relieve están adquiriendo, es situar al grueso de la Izquierda Abertzale frente a sus contradicciones. ¿Lo están consiguiendo?

Si en Iruña se vio muy claro que, en una curiosa pero no sorprendente comunión de intereses, los camorristas importados estaban haciendo inmensamente felices a los adalides del viejo régimen, debemos aplicar la misma lógica al resto de incidentes. Y, ojo, no solo por motivos tácticos sino éticos.

El precio de torturar

Seguimos para bingo. Octava condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España por no investigar una denuncia de torturas. Pero no pasa absolutamente nada. Se pregunta el precio, se saca la chequera, se paga, y aquí paz y después, gloria. 20.000 cochinos euros de indemnización es un precio de risa para la impunidad. ¿Qué estado se va a resistir a apretar las tuercas a cualquier desgraciado si todo lo que arriesga es una calderilla que, para colmo, no sale de los bolsillos de los torturadores ni de sus jefes, sino de las arcas comunes?

Ahí es donde el dedo acusador señala también a los propios magistrados europeos, que no pasan del rapapolvo. A esta sentencia le seguirá otra, y luego una más, y así hasta infinito. El mensaje que nos lanza la justicia europea es que estamos ante una cuestión menor, más de forma que de fondo. No hay color entre la sanción por hacer la vista gorda ante una vulneración de los derechos básicos y, pongamos, el puro que le puede caer a una administración por la sola sospecha de haber dado ayudas públicas no bendecidas a este o a aquel sector.

Claro que tampoco nos engañemos. Este escándalo, el enésimo, no ha merecido ni un comentario a pie de página de la precampaña para las elecciones generales repetidas del 26 de junio. Ni siquiera las fuerzas que dicen venir a cambiar esto como un calcetín han dicho esta boca es mía. Saben muy bien que el asunto no vende una escoba entre los posibles votantes. Antes, al contrario, se diría que existe una especie de comprensión, cuando no aprobación tácita, de los malos tratos infligidos en esta o aquella dependencia policial.

Corruptos o ineptos

Está en el manual de los pillados con el carrito del helado. Lo primero, negarlo. Y lo segundo, y lo tercero, y lo cuarto. Que no es corrupción, pregona el eurofan Javier Maroto a la vuelta de su fin de semana de ensueño en Estocolmo, capital provisional de la horterada y, por lo que se ve, de la intolerancia a según qué banderas. Dos días y medio de mambo y silencio sepulcral desde que se conoció la sentencia que lo condena —vuelvo a silabear: con-de-na— a pagar una pasta gansa, y lo primero que evacua al respecto es la requetesobada excusa de todos los retratados en renuncio.

Claro que no es mucho mejor el segundo mensaje, en el que con un desparpajo difícil de superar, reduce la causa del Tribunal de Cuentas contra su persona, la de Alonso y el resto de compañeros de corporación gaviotil a un “expediente administrativo en el que se discute por el precio de un alquiler”. ¡Se discute! Para chulo, su pirulo. En lugar de callarse y bajar la cabeza frente a la evidencia palmaria del dineral desorbitado que se apoquinó por unos locales de cierto empresario, se viene arriba y convierte la materia judicial en una gresca tabernaria. Al hacerlo, no solo demuestra una gallardía tendente a cero, sino que está insultando a la jeta a todos los que asistimos a la salida de pata de banco, empezando por los vecinos de su ciudad.

7,6 millones de euros para arrendar un edificio que acababa de ser adquirido por 2,7. De los tipos que propician tamaño pelotazo solo cabe pensar que están favoreciendo a un gachó muy poderoso o que son una panda de ineptos. Cualquiera de las dos les inhabilita para para la política.

Maroto y Alonso, condenados

Muchos quintales de latrocinios después, Mariano Rajoy Brey tuvo las santas pelotas de poner cara de papuchi contrariado para advertir a sus conmilitones, tan proclives ellos y ellas al trinque, que hasta ahí había llegado la riada de la mangancia. “Esto se acabó y ya no se pasa por ninguna”, farfulló, y aún le sobró cuajo para añadir: “Todo el mundo, sea quien sea, desde el presidente nacional del partido hasta el militante más modesto tendrá el mismo trato”.

Eso fue exactamente el 4 de febrero, pero procede recordarlo hoy porque estas son las horas en que dos de las supernovas fulgurantes de la Vía Láctea gaviotil siguen tan ricamente en sus respectivos cometidos después de haber sido condenados por el Tribunal de Cuentas. Efectivamente, me refiero a nuestros muy vistos y revistos Alfonso Alonso y Javier Maroto. Tendrán que soltar —se supone que sus bolsillos— casi 400.000 euros por haber provocado un boquete a las arcas del ayuntamiento de Gasteiz en su época de probos munícipes. En concreto, siendo alcalde Alonso y concejal Maroto. Como es sobradamente conocido, el trapicheo consistió en pagar a precio de Taj Majal el alquiler de unos locales corrientes y molientes, salvo por el pequeño detalle de quién era su propietario.

Un escándalo de aquí a Lima, y ahora, además, un hecho que ha merecido una condena (con-de-na) en sede judicial. Ya no hablamos de sospechas, investigaciones, indicios ni imputaciones, que bastante sería de acuerdo con la promesa de no pasar ni una más que tan solemnemente hizo Rajoy. No es que nadie creyera que fuera a cumplirla, pero por lo menos, podía disimular un poco.

Retórica de la condena

La condena va camino de convertirse, si no lo es ya, en género literario. Y de propina, en fiel autorretrato de quien la avienta. Incluso utilizando fórmulas de plantilla, por entre las rendijas de los tópicos quedan a la vista las nada lustrosas verdaderas intenciones.

Lo acabamos de ver en las jaculatorias que han seguido al brutal puñetazo que recibió Mariano Rajoy anteayer en Pontevedra. Salvo en contadísimos casos, la repulsa ha ido acompañada, como las galletitas de la suerte, de un mensaje personalizado y, desde luego, nada inocente. Empezando, claro, por los propagados por las huestes del agredido, que buena prisa se dieron en adosar a la reprobación un dedo señalando a todos en general y a Pedro Sánchez —pobriño— en particular. Curiosamente, los aludidos se daban por tales, y tras la frase de repudio de rigor (o antes, según los casos) dejaban caer que ellos no tenían nada que ver.

Un par de corcheas y de rizos rizados más arriba, debemos contar los lamentos con olor a disculpa, cuando no a celebración. De entre las decenas de ejemplos, quizá el más flagrante sea el tuit del eurodiputado Florent Marcellesi —siento mucho que haya sido él—, que terminaba diciendo: “¡Eso sí, la hostia hay que dársela el domingo en las urnas!”. Y a partir de ahí, barra libre para los que farfullaban que vale, que el trompazo tuvo que doler, pero que para dañinas, las medidas del gobierno del PP. Fuera de concurso, los que, calculadora en mano, execraban del soplamocos única y exclusivamente por los posibles votos de más que podría recibir el que lo encajó. ¿Deslegitimar la violencia? Qué risa más triste.

Canon condenatorio

Tienen toda la razón los dirigentes de los distintos partidos de EH Bildu cuando manifiestan su hastío y su cabreo por la insistencia en exigirles rechazos que ya han expresado. Antes incluso que las declaraciones de repulsa de otras siglas, nos llegó el comunicado en que se dejaba claro que la quema intencionada de ocho autobuses en una cochera de Derio estaba fuera de la estrategia actual de la izquierda abertzale. ¿Demasiado escueto, frío, falto de contundencia? Siendo de los que piensa algo parecido, añado inmediatamente que eso son ya interpretaciones personales. Del mismo modo, podrían antojársenos excesivas, ampulosas o hechas para la galería las filípicas biliosas que se acercan más al estándar en materia de condenas.

Quizá, de hecho, uno de los problemas esté ahí: se ha establecido una especie de canon reprobatorio, y todo lo que quede por debajo de la intensidad dialéctica señalada no computa como muestra de desmarque y/o repudio. Y menos, claro, si viene del ámbito ideológico concreto al que se refieren estas líneas. Se sostendrá que hay bibliografía presentada que avala el recelo, y no es incierto. Pero ya que estos días hemos estado ensalzando el valor casi terapéutico de la autocrítica, podríamos aplicarnos el cuento y reconocer que en más de dos ocasiones y en más de tres, al soberanismo radical —ando espeso para los sinónimos, perdón— se le reclaman comportamientos que no son de actores políticos responsables sino de penitentes con flagelo de ocho colas. Sería cuestión de preguntarnos si, una vez, no hemos elegido dejarnos llevar por la cómoda pero absolutamente inútil inercia.

Condenar pitadas

Siete horas de vellón se tiraron el lunes los jacarandosos miembros de la Comisión Antiviolencia del deporte español escudriñando a quién podían emplumar por la monumental pitada al himno y al Borbón joven. Total, para parir un ratón escuchimizado. Por mucho que lo revistieran de palabros de cinco duros y salieran a la rueda de prensa con cara de estreñimiento crónico por la supuesta inmensidad de la ofensa al chuntachunta y al Preparao, al pasar a limpio sus decisiones resulta que a todo lo que llegan es a amenazar difusamente a no se sabe qué plataformas y a requerir información por un tubo. Para nota o para ingreso en frenopático, la exigencia al Athletic, al Barça, ¡y a la Federación! de recabar datos que, en su papel de organizadores del festejo futbolero, pudieran incriminarlos por no haber seleccionado adecuadamente a los espectadores. Es decir, que igual que a los viajeros a Estados Unidos se les exige jurar que no van a dar matarile al presidente, a los asistentes de la final del sábado se les debió haber conminado a prometer por la memoria de Pichichi o Ramallets que no iban a silbar la Marcha real.

Esa demanda de pata de banco, propia de chiste sobre el fondón dictador de Corea del Norte, nos da una idea del tipo de individuos en cuyas manos estamos. Los mismos, por cierto, que ante la música de viento de Camp Nou, lo primero que hicieron —ni esperaron al final del partido— fue emitir un comunicado de condena en unos términos que no emplearían ni en el caso de que Portugal se anexionara Ayamonte. Se empieza condenando pitadas y se sigue nombrando cónsul de Bitinia a un caballo.