Generalitat, ¿por qué?

¿Qué gana la Generalitat denunciando como “ayuda de estado ilegal” el acuerdo con el Gobierno español que acaba con la histórica discriminación a las empresas vascas conectadas a la alta tensión? Me lo pregunto desde que en Onda Vasca empezamos a trabajar esta noticia —sí, fuimos nosotros los que la sacamos, aunque luego fuéramos víctimas de la habitual rapiña de la profesión—, y sigo sin encontrar la respuesta. No paso del perro del hortelano, de los amigos que hacen innecesarios los enemigos, del escorpión y la rana o, en fin, del inveterado —¡y muy español, hay que joderse!— pecado capital de la envidia.

Tan triste como suena. Uno mira y remira las circunstancias y no atisba otro asidero. Ese pacto, arrancado con sangre, sudor y lágrimas, no supone ningún privilegio. Todo lo que hace es acabar con un agravio que implicaba, ahí estaba el tumor, un lastre insufrible para las compañías secuestradas por el perverso mecanismo eléctrico.

Y aquí viene la segunda parte de esta reflexión, más desazonadora todavía. No ha sido a 600 kilómetros sino en casa, donde los acusicas del Palau de la Plaça de Sant Jaume han encontrado sus más entusiastas justificadores. Las argumentaciones han ido desde el socorrido “Eso pasa por pactar con el PP corrupto” al memo “Se lo merece Urkullu por no apoyar el procés”, aunque la más reveladora es la que sostiene que la denuncia es muy procedente porque la medida beneficia a las empresas explotadoras de personas. Eso, en labios de los mismos que hace unos días, tras caerse del caballo camino de Damasco, repetían que lo que hace falta es una “auténtica política industrial”.

Arrimadas, a callar

Previsible, repugnantemente previsible. Una tipeja se encarama a su muro de Facebook para proclamar sus deseo de que la dirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, fuera violada en grupo a la salida de una entrevista que le están haciendo en una cadena de televisión. La individua, espécimen de manual del bocabuzón amateur que se gasta en las llamadas redes sociales, no se priva de empezar su vertido de bilis dejando claro que sabe que le “van a llover las críticas” y que lo que va a decir “es machista y todo lo que se quiera”. Para terminar de quedarse a gusto, la mengana remata la deposición subrayando que la agresión grupal es lo que se merece “semejante perra asquerosa”.

Es verdad que cuando Arrimadas denunció públicamente la brutal demasía, hubo un primer momento de aparente indignación y solidaridad más o menos generales. No cabría esperar algo diferente, ¿verdad? Pues, lamentablemente, se equivocan. Fue cuestión de un par de horas que cambiaran las tornas. Por sorprendente que les parezca —ya les digo que yo sabía que ocurriría—, la vejada dialécticamente acabó siendo la mala de la película.

Las y los campeones de la progritud, los mismos que gritan más alto que nadie “Tolerancia Cero” y “No es No”, empezaron a tacharla de irresponsable por no haber callado. Por lo visto, sufrir esos ataques le va en su sueldo como representante política. Servía también como justificación que no fuera la única a la que le ha pasado algo así. Cómo no, salió a colación la santa libertad de expresión, aunque lo insuperable fueron los que dijeron que lo verdaderamente machista era meterse con la autora del mensaje.

¡A mi la Guardia Civil!

Mientras Cristina Cifuentes iba de tele en tele echando pestes sobre la Guardia Civil por el informe que, según ella, la difamaba gratuitamente a base de fabulaciones, me preguntaba qué más me quedaba por ver. Ni de lejos imaginaba lo poco que tardaría en llegar la abracadabrante respuesta. Apenas un par de días después, en el Parlamento vasco, y en medio del debate de una de esas propuestas chorras a mayor gloria de los efímeros titulares, Joseba Egibar soltó la bomba. Como si estuviera añadiendo un verso al poema de José Agustín Goytisolo sobre el mundo al revés que inmortalizó Paco Ibáñez, el portavoz del PNV desveló que cuatro eximios miembros de EH Bildu habían acudido a pedirle sopitas a la últimamente tan nombrada UCO, es decir, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

En concreto, se solicitaba al normalmente motejado como cuerpo de ocupación (en la versión suave, claro) que hiciera su magia habitual para demostrar que los perversos gestores jeltzales de Bidegi se habían llevado crudos treinta kilos de las obras de la AP-1. Ocurría que dos años y pico después de la estentórea denuncia, las evidencias supuestamente imposibles de ocultar seguían sin aparecer, y alguien debió de pensar que nadie como la Benemérita Institución para encontrar —¿o era fabricar?— las pruebas de lo que fuera menester.

Escojan ustedes si anécdota, categoría o, sin más, pura normalidad. Yo me abstengo. Me limito a sonreír ante el peculiar episodio mientras pienso que esta vez sí tiene razón Bob Dylan. Los tiempos están cambiando. El PP se cisca en la Guardia Civil y la Izquierda Abertzale pide su auxilio.

A propósito de EHU/UPV

Le debía unas líneas a la universidad. A mi universidad, esa de la que salí hace casi tres décadas jurando que solo volvería de paso. Ahora que caigo, he cumplido, aunque el tiempo ha borrado la animadversión. ¿O era impotencia? Más bien eso, porque se parecía entre poco y nada a la imagen, seguramente idealizada, que el adolescente que fui tenía de la Enseñanza Superior. No digo que no hubiera momentos dignos de provocar, siquiera forzándola, su gotita de nostalgia, pero en general, mis recuerdos no pasan de las diferentes escalas del gris. De entonces a hoy, mirando siempre de refilón o por motivos puramente profesionales, he ido viendo el vaso a ratos medio lleno, a ratos medio vacío.

Medio vacío, por ejemplo, en estas últimas semanas de un proceso electoral de candidatura única donde todo lo noticiable, lo desgraciadamente noticiable, residía en unos gamberros consentidos que —le copio la idea a Iñaki Antigüedad— destrozan lo público porque lo confunden con lo gubernamental. Claro que todavía más triste que los estragos de los fachuzos alevines ha resultado la disculpa, la justificación o el aplauso sin disimulos de tipos más talluditos. Incluso alguno con despacho en la institución que nos ocupa.

Medio lleno, sin embargo, cuando en el programa de la radio necesito especialistas en la materia que sea y los encuentro en el directorio de EHU/UPV. También al comprobar que tras buena parte de las iniciativas, los proyectos o las propuestas más estimulantes que tienen lugar a nuestro alrededor hay mujeres y hombres vinculados con cualquiera de sus centros. Les garantizo que ocurre muy a menudo.

Denunciar no es calumniar

Pues otra vez los golpes en la puerta no eran del lechero, salvo que lo tomen por el lado metafórico. Gajes de la democracia a la española y de sus presuntos guardianes de uniforme, con gran frecuencia dispuestos a demostrar quién manda aquí. Y, como ha sido el caso de las últimas horas en Navarra, a regalar ocho excursiones de ida y vuelta al cuartelillo por un quítame allá esa pintada. En concreto, una ubicada en Burlada en la que se ven unas manos encadenadas, la palabra Tortura atravesada por un trazo rojo y el anagrama #Aztnungal, es decir, Laguntza, escrito de derecha a izquierda.

¿Qué tiene todo eso de delictivo? Quienes no estén al corriente del asunto podrán pensar en un exceso de celo ante el incumplimiento de algún reglamento en materia de limpieza urbana. Pero no. Se supone que todos los elementos referidos constituyen, al parecer de la luminaria que ha ordenado el operativo, un delito de injurias y calumnias a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Si no estuviéramos ante una martingala tan grave, la primera sonrisa sería al pensar en lo fácilmente que se dan por aludidas las tales fuerzas y lo mal que les sientan ciertas verdades.

Quizá haber escrito lo anterior me haga merecedor del mismo trato que han recibido los detenidos. Si eso toca, sea, pero ni ellos, ni servidor ni miles de personas o entidades respetables —empezando por Amnistía Internacional— decimos nada que no se haya constatado en numerosas ocasiones: por estos lares se ha torturado y se sigue torturando. Y las denuncias ni siquiera se investigan, como prueban las multas a España del Tribunal europeo de Derechos Humanos.

1.073 denuncias falsas

8 de marzo otra vez. Conforme a la costumbre, se imponen las maravillosas proclamas, los gestos, las promesas, las campañas, o lo que es lo mismo, y siento mucho decirlo, la casi nada.

Añadan a la vaciedad bienintencionada, si quieren, estas mismas líneas, que también forman parte de la rutina. Solo cambia que cada vuelta de calendario son hijas de una impotencia y un cabreo mayores. Ya no es únicamente la constatación de que la tan mentada educación-en-valores, lastimoso comodín o amuleto que sigue trufando las prédicas reglamentarias, no solo no ha frenado la peste, sino que nos ha provisto de camadas tan o más machistas que en los tiempos de la Enciclopedia Álvarez. A esa maldición que se corrige y se aumenta, sumo lo que llevamos visto desde la madrugada en que nació 2016.

Sí, les hablo de Colonia y de las otras ciudades europeas donde se produjeron en nochevieja centenares de agresiones sexuales coordinadas. Solo en la localidad alemana sumaron 1.073 denuncias. Las primeras reacciones de quienes habitualmente lideran la batalla por la igualdad fueron del silencio bochornoso a la minimización (“Se está haciendo demasiado escándalo por algo que no fue para tanto”), pasando por la contextualización vomitiva (“Es que les mandaban mensajes erróneos a esos hombres”). Dos meses largos después, desde el feminismo de discursos y formas más contundentes, se ha dado un ignominioso paso más: la negación pura y dura. La nueva teoría, que asombrosamente ha hecho fortuna en los sectores progresís de costumbre, es que estamos ante un colosal montaje para provocar el aumento de la xenofobia. Y colará.

Torturas de allá y de acá

Festival de vestiduras rasgadas y manos a la cabeza. Con el tono del gendarme Renault en Casablanca, los escandalizables a tiempo parcial se hacen lenguas sobre el informe del Senado de Estados Unidos que acusa a la CIA de haber practicado “brutales e inefectivas” torturas. Si la cuestión no fuera para llorar tres océanos, sería hasta divertido contemplar las teatrales soflamas de esta panda de fariseos del nueve largo. Cómo se adornan los muy joíos con el respeto a los Derechos Humanos, la existencia de límites que ningún poder público debe rebasar y la imperiosa exigencia de que caiga sobre los autores todo-el-peso-de-la-ley.

Ningún problema en ganar el concurso de denuncias cuando el asunto que se dilucida está a 7.000 kilómetros. Ahora, si el catálogo de horrores indecibles lo aplican en la comisaría de la vuelta la esquina, la cosa cambia, y de qué manera. Entonces los discursos se engolfan en la negativa —¡esas cosas no pasan aquí, por favor!—, en la teoría pusilánime de la excepción excepcionalmente excepcional, o en el más vergonzoso y clamoroso de los silencios.

Y no es difícil remitirse a las pruebas. Hace apenas tres meses, la asociación Argituz y otras siete organizaciones sin color político presentaron en Madrid un rigurosísimo informe sobre malos tratos infligidos en dependencias policiales españolas. Aplicando el Protocolo de Estambul, método científico internacionalmente aceptado, el trabajo documenta 45 casos de torturas, algunas de ellas idénticas a las de la CIA. De aquello nos hicimos eco la media docena de medios de siempre, mientras los que ahora cacarean silbaban a la vía.