Cabacas, ya cinco años

Cuando pedimos justicia para Iñigo Cabacas, hacemos un enorme ejercicio de voluntarismo, y lo sabemos. Por desgracia, no hay modo de reparar lo que ocurrió. Ninguno. Nada le devolverá la vida. Nada aliviará el sufrimiento de su familia. A lo máximo que podíamos aspirar era a no hacer mayor la herida. El tiempo, estos cinco crueles años, ha demostrado que ni eso se ha conseguido. Al contrario, da la impresión de que cada movimiento ha profundizado en el dolor de sus allegados y en la absoluta sensación de impotencia y amargura de cualquier persona con un gramo de corazón. Como he hecho desde la primera vez que escribí sobre lo que nunca tendría que haber ocurrido, vuelvo a denunciar la colosal falta de humanidad que ha envenenado el tristísimo episodio. Mírese cada quien el ombligo y conteste honestamente qué ha tapado o qué ha amplificado por el más abyecto de los partidismos.

Y la cosa es que, a primera vista, no parecía tan difícil, como poco, determinar las responsabilidades básicas. Menos, cuando la inmensa mayoría de los testigos y protagonistas tienen la condición de servidores de la ley. ¿Es aceptable ampararse en la oscuridad, la confusión o la tensión? ¿Es profesional? Desde luego, es una actitud muy cobarde y, a la larga, perjudicial para un cuerpo, la Ertzaintza, contra el que hay algo más que una campaña de acoso y derribo sistemático. Claro que este asunto se ha utilizado como ariete en esa guerra sin cuartel, pero por eso mismo, la herramienta más eficaz, además de la más honesta, para hacer frente a los pescadores de río revuelto habría sido una transparencia fuera de la menor duda.

Gracias sin gracia

Pues miren, lo Cortez no quita lo Atahualpa. Reitero que la condena a la tuitera de los chistecillos sobre Carrero me parece una barbaridad del más alto octanaje, pero con la misma firmeza y convicción les digo que la individua en cuestión me da muy poquita pena tirando a ninguna. Primero, porque por mucho que nos engorilemos en la denuncia posturera, no va a ir a la cárcel. Quienes dictaron su sentencia son también unos cachondos del carajo de la vela y dejaron la sanción en una especie de broma pesada. Por esas cosas divertidísimas de la Justicia española, una pena de un año de cárcel es igual a cero. Te la imponen, pero no entras al trullo. ¿Qué susto, eh? Jajaja.

¡Ah! Que tiene maldita la gracia. Bueno, es que esto del humor va por barrios y hay barra libre para ofender. ¿No era eso? Venga, ya sé que no, pero no paso por hacer de esta mengana una mártir de la libertad de expresión. Anda ahora plañendo que le han arruinado la vida [sic] porque se quedará sin beca y no podrá cumplir su proyecto de ser docente. Lo suelta quien en varias ocasiones ha vomitado en público y por escrito que odia a los niños y le dan asco.

Eso, en el gran bebedero de patos que es su cuenta de Twitter. Como les apuntaba ayer, las jerigonzas de Carrero eran, sobre todo, malas. Más ilustrativas sobre la inconmensurable miseria moral de la tal Cassandra me parecen otras supuestas gracietas. Por ejemplo: “El asesinato de Rajoy va a ser #UnaTravesuraInfantil”. O esta otra: “Lo único que lamento es que Adolfo Suárez no hubiera muerto con una bomba debajo de su coche”. No merecerá ir a la cárcel, pero tampoco salir bajo palio.

Enaltecimientos o así

Como para creer en el influjo de las conjunciones astrales. O para pensar que la Justicia se distribuye a granel. Claro que también la explicación puede ser más simple. Por ejemplo, que de un tiempo a esta parte se haya puesto el punto de mira en el derecho al pataleo o al exabrupto, que es lo más parecido a ese unicornio azul que llamamos libertad de expresión. En la misma semana, siete juicios —¡siete!— en la Audiencia Nacional por bocachancladas de variado octanaje en las redes sociales. Tipificadas todas, ahí está lo grave, como enaltecimiento del terrorismo.

Anotemos como primera gran paradoja que sea justamente el momento en que deja de existir en nuestro entorno inmediato el terrorismo que mancha de verdad el asfalto de sangre, cuando se multiplican por ene las causas contra el que se practica con un teclado. La segunda es que los razonamientos más lúcidos al respecto los estén aportando víctimas de ETA y familiares de víctimas de ETA. Una de ellas, Lucía Carrero Blanco, escribía lo siguiente sobre la petición de dos años y medio de cárcel para una joven de 21 años que se mofó del asesinato de su abuelo: “Me asusta una sociedad en la que la libertad de expresión, por lamentable que sea, pueda acarrear penas de cárcel”. Y concluía calificando los chistes como enaltecimiento, en todo caso, del mal gusto y la falta de sensibilidad. No es muy diferente a lo que le hemos escuchado a Irene Villa sobre las macabras chanzas que se han hecho a su costa: “Es algo que afecta a la falta de tacto de quienes las hacen. Si se persiguieran todas, habría colas en los juzgados”. Pues es exactamente lo que está pasando.

Opinar según de qué

Zapatero a tus zapatos. Me conmina a ello con prosa altiva un anónimo —qué raro— que sostiene que mi columna sobre la rebaja de pena al maltratador del portal es producto de mi inmenso desconocimiento sobre los procesos judiciales. Como primera providencia, en lo que es casi un puro acto reflejo, me sonrío al pensar cuántas veces me espetan últimamente tal martingala. Los compradores de bebés, sin ir más lejos, que porfían que solo si te has pulido de 100.000 pavos para arriba en los mercados semiblancos estás en condiciones de opinar sobre sus transacciones con vidas de por medio.

Cosas del pelo me han soltado los partidarios del toro de la Vega, los conspiranoicos del 11-M, los defensores de la invasión de Irak o, por no hacer interminable la lista, esa parte de la afición del Betis que tiene como ídolo intocable al presunto maltratador Rubén Castro. Si su argumentación fuera medio solvente, debería yo afearles que, sin tener ni la titulación ni los rudimentos mínimos, metan su hocico en los insondables andurriales del periodismo.

No desdeño, sino al contrario, la importancia de la documentación antes de ponerse a aporrear las teclas. Ahora bien, una vez recopilados y contrastados los datos mínimos, y aun dejando lugar al posible error, el resto es cuestión de honestidad y sentido común. En el caso que ha dado lugar a estas líneas, no parece necesario haberse esnifado el Aranzadi al completo para criticar, incluso en términos duros, que se le imponga una pena de risa a un tipo al que todo el mundo ha visto golpear con saña a una mujer. Más sorprende y desazona que se defienda tal proceder.

Catalá enseña el camino

Como la Justicia es igual para todos y al duque empalmado le faltan abogados, el ministro español de la Cosa, Rafael Catalá, se ha puesto en primera línea de defensa del sujeto. Y no crean que para soltar la soplagaitez de la confianza debida en el Estado de Derecho y sus mariachis con toga y puñetas, qué va. Es gracioso que manifestarse ante un tribunal sea una intolerable coacción a los jueces, mientras que el titular gubernamental del negociado jurídico se puede permitir el lujo de señalar el buen camino a los encargados de tomar, en este caso, la decisión sobre si el marido de la infanta (graciosamente) absuelta debe entrar o no en el trullo.

Traguen saliva antes de leer, que corren el riesgo de ahogamiento ante la desfachatez supina del gachó: “La prisión preventiva es una medida extraordinaria en nuestro Derecho. Privar de libertad a una persona cuando todavía no ha finalizado definitivamente una causa es una medida absolutamente extraordinaria. Por lo tanto, [en el ingreso en prisión de Iñaki Urdangarín] tiene que estar muy justificado por qué es necesario anticipar una pena privativa cuando todavía no hay sentencia definitiva”. Tracatrá.

Por supuesto, tal lección de retorcimiento de la legalidad hasta el corvejón solo es de aplicación con reos de alcurnia, aunque sea adquirida por vía inguinal, como ocurre con el tipo del que hablamos. Cualquier otro pelagatos, y especialmente algunos, se va al talego de cráneo a esperar, no ya la sentencia firme, sino la mera apertura del juicio oral. Hay ejemplos sangrantes. Piensen, sin ir más lejos, en los jóvenes de Altsasu. Y no son los únicos.

Menos da una piedra

Quién me lo iba a decir, los años me van haciendo un tipo eminentemente pragmático. Nada para evitarse berrinches ulcerosos como practicar la limitación preventiva de daños. Imaginemos, por ejemplo, que por una serie de carambolas insospechadas, llega a juzgarse a una infanta de España —hija y hermana de sendos reyes ejercientes—, a su jacarandoso marido y a una patulea de cortesanos sinvergonzones que (presuntamente, vale) se lo llevaron crudo traficando con pasta del común de los mortales. Lo último que me da por pensar es que la monarquía española se va a ir al guano en el mismo viaje. Y lo penúltimo, que a los procesados les va a caer la pena que se merecen. Qué va. Tiro de realismo liofilizado en mi propia bilis, y al escuchar la impepinable sentencia aguachirlada, me digo que menos da una piedra y que no arriendo la multimillonaria ganancia a la señora de sangre azul, su consorte y el resto de jetas que han pasado el tragazo del banquillo, acaben o no en la trena.

Lo único que lamento y de verdad me produce una notable quemazón es saber que el parné no será devuelto y que se seguirán repitiendo todas estas mangancias avaladas por el timbre y lacre de la borbonidad. A partir de ahí, me sitúo en modo junco hueco, abro la espita del cinismo, y me aplico a contemplar el espectáculo que acarrean los episodios así. Este en concreto tiene su puntito de circo romano, con la plebe enfebrecida mostrando el pulgar hacia abajo. Es para tesis, oigan, lo de esos que suelen dar teóricas sobre la inutilidad de la cárcel pidiendo ahora que encierren en una mazmorra oscura a los otrora duques empalmados.

3 de marzo, no tocar

Para una juez de Gasteiz, la matanza del 3 de marzo de 1976 es una cuita del pasado que no hay que remover. A instancias, cómo no, de la peculiar fiscalía de Araba, su señoría ha desestimado la querella de las Juntas Generales del territorio bajo una de esas argumentaciones entre la perogrullada y el encaje de bolillos que tan queridas le son al gremio de las togas y las puñetas.

En la versión corta, y aunque cupiera tipificarlos como asesinatos u homicidios, la cosa se resume en que los hechos está prescritos. Nos ha jorobado, diríamos los legos. Ya imaginábamos que era así, y es de cajón que por eso mismo, lo que se pide en la denuncia es que se califiquen los sucesos como delitos de lesa humanidad, que son los no sujetos a caducidad. Pero ahí es donde viene el jeribeque judicioso. Como quiera que la ley que introduce la figura de delito de lesa humanidad en el derecho penal español es de 2003, se concluye que no cabe aplicársela a acontecimientos anteriores a su promulgación.

Seguramente, es un razonamiento técnicamente irrefutable. Tanto como moralmente injusto y hasta mezquino. Mucho más, si tenemos en cuenta que lo que buscan esta y otras querellas no es llevar a la cárcel a los culpables de la masacre que siguen con vida, sino determinar su responsabilidad criminal en lo que el tristemente célebre policía de la grabación denominó “la paliza más grande de la Historia”. No tiene ni medio pase que 41 años después de aquella actuación policial a sangre y fuego, la versión oficial, amén de dejar marchar de rositas a quienes la ordenaron y ejecutaron, siga convirtiendo a las víctimas en verdugos.