El bolsillo sí duele

El frente jurídico —judicioso, le llamo yo— es muy dañino para el soberanismo catalán. Ya se ha visto cómo sus españolísimas señorías hacen de su toga un sayo y se dedican a suspender, imputar, condenar o lo que se tercie. Sin embargo, una vez que la república catalana traiga una nueva legalidad, ya pueden echar los galgos que quieran, que todo será papel mojado. Incluso en este ínterin en que ya se ha decidido hacer la peineta al cuerpo legal español, las decisiones que vengan de los tribunales hispanos serán una jodienda, pero no el freno definitivo.

Con la ofensiva policial, tres cuartas partes de lo mismo. Habrá porrazos y pelotazos de goma para parar el Orient Express, pero eso estaba amortizado de saque. Es más, las imágenes viralizadas barnizarán de épica a la causa y conseguirán —ya están consiguiendo— que la prensa internacional cante la gesta del pueblo catalán haciendo frente a la represión inmisericorde de los uniformados mandados por Rajoy.

Ocurre ídem de lienzo con el embate mediático. A estas alturas, no hay que explicar que los regüeldos de la caverna quizá embarren el campo, pero a la hora de la verdad, no hacen ni cosquillas. Al contrario, su indelicadeza convence a los no convencidos y encabrona más a los que ya lo estaban.

Canción aparte es la acometida económica que, según estamos comprobando, se había minusvalorado. Por ahí sí cabe que tiemblen las rodillas. Más, si como está aconteciendo, ya no es fuga sino una estampida empresarial en toda regla, y con algunos buques insignia mostrando el camino. No sería la primera revolución ni la segunda que se naufraga por el bolsillo.

Y siguen negándolo

A instancias del Gobierno español, faltaría más, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha tumbado varios aspectos del decreto de Lakua que reconoce moral y económicamente a las víctimas de abusos policiales. Desde la Secretaría de Paz y Convivencia aseguran que, en todo caso, lo laminado no afecta a lo básico del texto, aunque en prevención de males mayores y para no ponérselo fácil a los buscavueltas, anuncian que convertirán el decreto en ley antes de fin de año.

Ya ven que las cuestiones de principios básicos acaban sepultadas por el enjambre judicioso, como si estuviéramos ante un asunto de tecnicismos para juristas muy cafeteros y no ante una flagrante y desvergonzada maniobra para seguir negando que las llamadas Fuerzas de Seguridad del Estado vulneraron a saco los derechos humanos. Y ojo, que ni siquiera estamos hablando de hoy o de anteayer porque, conociendo el paño y mostrando una buena voluntad infinita, los redactores del texto se cuidaron de establecer el periodo de los abusos reconocibles entre 1960 y 1978; cualquiera se mete con los más recientes.

Lo tremendo es que ni aún con ese pragmatismo magnánimo se ha conseguido que el búnker arroje la menor señal de humanidad. ¿Por qué? Ante semejante obcecación numantina, no caben más explicaciones que las evidentes. Por de pronto, se trata de preservar el monopolio del sufrimiento en manos de las únicas víctimas que, al parecer, merecen tal nombre. Y por el mismo precio, es una forma de retratarse como orgullosos herederos de aquellos uniformados que lo dieron todo —pero todo, todo— por la una, la grande y la libre España.

Conmovedora incompetencia

Comparto con ustedes un dilema. Una parte de mi, la que lleva botas de caña alta y fusta, me pide que tire de disciplina inglesa con el Gobierno haragán que se presenta, un año y medio después de recibir la makila, con los deberes manga por hombro. Bonito problema semántico tenemos. Si el sustantivo legislatura viene del verbo legislar, a ver cómo llamamos a estos dieciocho meses que se han tirado los actuales inquilinos de Lakua dándole al lirili y olvidándose del lerele. Veinte leyes en la sala de espera. Ni el viejo Estrella Galicia, que solía venir al día siguiente, acumulaba retrasos semejantes. Qué tiempos, aquellos de la oposición, cuando lo gordo de la minipimer estaba siempre listo para atizar al tripartito que, según se decía entonces, se entretenía con el vuelo de las moscas identitarias y mantenía a dieta rigurosa al Boletín Oficial del País Vasco. ¿Y ahora qué?

Una tentación, ya les digo, liarse la columna a la cabeza, poner cara de vinagre y empezar a sacar los colores a epíteto pelado a los bravos reformistas procrastinadores. Pero no va a ser el caso. Para empezar, no creo que la calidad de las mayorías parlamentarias se mida en el número de leyes promulgadas. No tengo claro si es por contagio del liberalismo rampante que nos asola -¡y desola!- o por el pelo de la dehesa ácrata que aún conservo, pero siempre he pensado que hasta al reglamento del parchís le sobran páginas. En no pocos casos, la mejor ley es la que no existe. Ahí tienen la de Partidos. A saber qué prodigios nos aguardan en el baúl de asignaturas pendientes. Por pura estadística, es probable que la demora resulte una bendición.

Confesión

Y no es sólo eso. Si hay algo que ha actuado como detente-bala de mis primarios instintos críticos, es la extraterrenal candidez con que la portavoz del Gobierno reconoció que la brigada de ejecutores del cambio había saltado al campo sin calentar. “Es evidente que algunos departamentos han pecado de optimismo”, dijo con voz contrita Idoia Mendia, en lo que muchos han interpretado como una confesión autoinculpatoria de incapacidad para gobernar.

Será que se acerca la navidad o que ahora venden el pack de cuatro natillas por el precio de tres, pero a mi me ha conmovido el arranque de sinceridad de la portavoz, tan inusual en la política. Lo anoto como lo siento, aunque inmediatamente después añado que el final lógico de la comparecencia habría sido anunciar la dimisión en bloque del bisoño equipo de remeros que ha naufragado antes de dar la primera palada.