Aniversario del accidente nuclear de Chernobil

garona_14440_11Manifestación contra la energía nuclear

La tragedia de Chernóbil cumple 31 años este 26 de abril mientras se avivan en el Estado Español el debate sobre la conveniencia de la energía nuclear y la posible reapertura de la central de Santa María de Garoña.

La madrugada del 26 de abril de 1986 se producía una explosión en el reactor número cuatro de la central nuclear de Chernóbil, a 90 kilómetros de Kiev (Ucrania). Sin duda, se trata del accidente nuclear más grave de la historia. Este accidente nuclear puso en evidencia la peligrosidad de esta fuente de energía, puesto que tuvo y tiene todavía unos efectos devastadores.

Las cifras oficiales sólo reconocen 31 víctimas mortales, pero la realidad es muy distinta. Tras el accidente, el área contaminada alcanzó, sólo en la entonces Unión Soviética, más de 130.000 kilómetros cuadrados y cerca de 4,9 millones de personas fueron evacuadas en un radio de 30 km a la redonda y reubicadas en diferentes zonas. Pero la nube radiactiva también surcó Europa y llegó hasta la península Ibérica. El número de víctimas directas e indirectas alcanzó los 200.000 muertos según la Academia de Ciencias de Rusia, y aunque nunca fueron contabilizados ni reconocidas como víctimas del accidente, cerca de 600.000 personas trabajaron (algunos sólo unos pocos minutos) en la extinción del fuego o sellar el sarcófago de la central. La mayoría de estos “liquidadores”, que es así como se les ha llamado, han muerto de cáncer o de enfermedades relacionadas por la exposición a la radiactividad.

La catástrofe de Chernóbil se transformó en la solidaridad entre pueblos, y Euskadi y otras comunidades de la península Ibérica, fueron importantes centros de acogida de niñas y niños afectados -rusos, bielorrusos y ucranianos- surgiendo para ello numerosas fundaciones y organizaciones no gubernamentales, especialmente durante el período de vacaciones.

Sin duda, el accidente de Chernóbil demostró que la energía nuclear ni es limpia, ni barata y ni segura, como los más acérrimos defensores han preconizado. Además, el accidente de Chernóbil demostró que la peligrosidad de las centrales nucleares no sólo afecta al país o estado que se aprovecha de su energía sino que los efectos de un accidente pueden afectar a territorios y personas situados a miles de kilómetros.

En 2017 se cumplen además sesenta y tres años de la puesta en marcha de la primera central nuclear. En esas seis décadas y tres años se ha producido unos treinta accidentes, que alcanzan niveles de 3 a 7 es la escala INES de sucesos nucleares, que va de los niveles 0 (anomalía) a 7 (accidente grave). Sin duda, los más graves, son el de Fukushima (Japón), cuyo séptimo aniversario tuvo lugar el pasado 11 de marzo; el de Harrisburg (Estados Unidos), cuyos veinte y ocho aniversarios se celebró el pasado 29 de marzo; y el de Chernóbil, el 26 de abril de 2017.

Pero, además, de estos accidentes, que son motivo suficiente para abandonar la energía nuclear, y apostar por otras tecnologías y alternativas energéticas que la hacen hoy en día innecesaria, tenemos un tema como el de los residuos radiactivos, para los que todavía no se han encontrado una solución técnica satisfactoria para gestionarlos, y que mantendrán su peligrosidad durante miles y miles de años. Y gestionar el combustible gastado, y los residuos que se generan cuando se desmantela una central, cuesta mucho dinero. De ello, se encarga Enresa, empresa pública de gestión de residuos radiactivos y que depende el Ministerio de Industria, pero con lo ingresado a través del canon que pagan las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares no es suficiente. Cabe decir, que hasta el año 2005 se financió a través del recibo de luz.

Concretamente, y según un informe del Tribunal de Cuentas, de aquí a 2085, quedarían sin cubrir 1.800 millones. En este contexto, es cuando el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, hizo el pasado 30 de marzo unas declaraciones en las que afirmaba que Garoña era inviable económicamente e incluso el resto de las centrales nucleares que operan en el Estado Español, debido a los “impuestos y obligaciones que se han ido imponiendo sistemáticamente a la industria nuclear”.

Este planteamiento llega en un momento en el que el sector nuclear español está intentando, con el beneplácito del Gobierno del PP, que las cinco centrales en activo puedan alargar su vida hasta los 60 años, frente a los 40 para las que fueran diseñadas, y cuando el consejo de administración de Nuclenor, participado al 50% por Iberdrola y Endesa, van a mantener el mismo día 26 de abril una reunión.

La fijación de la fecha de la reunión del órgano de dirección de Nuclenor llegó una semana después de que la empresa presidida por Ignacio Galán, máximo dirigente de Iberdrola, instara a la dirigida por Borja Prado, de Endesa, a convocar ese consejo, así como una posterior junta extraordinaria para analizar cómo gestionar el destino de Garoña. Aunque hay que decir también que el presidente de Iberdrola justificó ante los accionistas de Iberdrola que el cese de la planta “no es porque tenga nada contra nada”, en referencia a la energía nuclear, “sino porque económicamente no es viable”. Pero cabría preguntarse si para el presidente de Iberdrola será viable económicamente si el Gobierno español reduce la carga impositiva a la producción nuclear o establece alguna medida que la compense.

A la par, la planta de Garoña mantiene un segundo frente y es el relativo al almacén temporal de residuos radiactivos que puede albergar, para el que los Presupuestos Generales de Estado de 2017 han consignado una partida de 3,4 millones de euros que serán sufragados por Enresa. Por tanto, se decida o no reabrir Garoña, los residuos radiactivos de dicha central tendrían que ir destinados a algún lugar, ya que, si bien Enresa ha apostado por depositar temporalmente los residuos radioactivos de alta actividad de todas las centrales nucleares españolas en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca), hasta ahora no ha iniciado la construcción de dicha instalación, lo que supone un considerable retraso.

En esta tesitura, no hay razones convincentes para que se reabra Garoña, porque durante sus 40 años de funcionamiento ha tenido multitud de incidentes y problemas que la hacen ser totalmente insegura, pero tampoco para la instalación de un almacén temporal en la citada central donde en teoría se albergarían los residuos en seco durante un máximo de 10 años, en lugar de en la piscina como hasta ahora, hasta que llegue si llega el almacén centralizado transitorio de Villar de Cañas, precisamente en un punto bajo tierra en el cual sus aguas están conectadas con el embalse subterráneo de la Llanada alavesa, como lo denunció la Diputación Foral de Álava en su día al Ayuntamiento del Valle de Tobalina al conceder la licencia de obras para su construcción.

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