Siete pecados capitales de las universidades españolas (VI): La burocracia

burocraciaEn tanto que entes públicos con una importante componente de actividad administrativa, las universidades públicas son burocráticas. Lo son cada vez en mayor medida.

Cyril Northcote Parkinson, tras una larga experiencia en el servicio civil británico, enunció la conocida como Ley de Parkinson; dice algo tan sencillo como que “el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine”. En lo relativo a los órganos de la administración, esto obedece a dos factores. Uno es que los funcionarios quieren multiplicar el número de sus subordinados, evitando a la vez que se multiplique el de posibles rivales, y el otro es que los funcionarios tienden a crear trabajo para los demás funcionarios. Parkinson llegó a esta conclusión al comprobar que conforme el Imperio Británico perdía importancia, el número de trabajadores en la Oficina Colonial no dejaba de aumentar. Y también se percató de que el total de empleados en una organización pública aumenta a razón de un 5-7% anual, con independencia de las variaciones en la cantidad de trabajo a desempeñar.

En la universidad española esas observaciones, con ligeras variaciones propias de su peculiar sistema de funcionamiento y fines, se cumplen, por supuesto. El problema es que tanto la docencia universitaria como, sobre todo, la investigación ven seriamente mermados los recursos que pueden dedicárseles porque hay que emplearlos en satisfacer los requerimientos de los aparatos burocráticos. La iniciativa y creatividad del personal docente e investigador se ven constreñidas de forma creciente por una maraña de procedimientos y controles previos que, con el tiempo, pueden acabar anulando de forma absoluta la capacidad docente e investigadora del profesorado. Esto, como fácilmente se entenderá, afecta en mucha mayor medida, a los buenos profesores, a los investigadores excelentes.

Como comentaba en la anotación anterior, la hiperinflación normativa no se puede considerar un pecado, ya que tiene su origen en el exterior. Algo parecido cabe decir de la burocracia, aunque en este caso también hay responsabilidad propia. Pero vayamos por partes. La mayor parte de la burocracia que nos asedia es consecuencia de las decisiones que se toman en otros entes administrativos. Están, por ejemplo, los requerimientos para acreditar títulos, para verificarlos, para evaluarlos o como demonios se diga: al menos en lo que a los títulos de grado se refiere, no sirven para nada. Desconozco si los procedimientos necesarios para autorizar la impartición de másteres cumplen alguna función real, pero lo que me consta es que obligan al personal docente e investigador, y sobre todo a sus impulsores y responsables, a una denodada labor desbrozando, machete en mano, un sendero selvático de muy difícil tránsito.

Y con los proyectos de investigación y su tortuosa gestión (solicitud, informes, auditorías, …) ocurre algo semejante. Son otra intrincada selva que hay que atravesar blandiendo el machete digital para poder alcanzar el añorado objetivo. Confieso que aquí toco de oídas, porque en mis últimos años he podido alejarme de tan frustrantes prácticas. La única vez que me he sentado en los últimos diez años delante de la pantalla para rellenar un formulario digital abandoné al cabo de una hora: llegué a la conclusión de que era incapaz de alcanzar la meta y, por si era poco, el premio era de dudoso valor. La informática y la telemática podían haber sido de gran ayuda, pero me temo que ha ocurrido lo contrario. Los formularios electrónicos son el mal, literalmente.

Decía que la mayor parte de la burocracia tiene su origen en los requerimientos que se nos hacen desde instancias externas. Pero como decía antes, tampoco en este terreno estamos los universitarios libres de pecado. Un repaso al orden del día de una sesión del Consejo de Gobierno de cualquier universidad pública servirá para comprobar hasta qué punto nos complace encerrarnos a nostros mismos en verdaderas cárceles de electrones y de papel. De muestra valga este botón: en cierta ocasión el director de una cátedra de extensión universitaria hubo de suscribir un convenio con una directora de área de su misma universidad para aceptar alumnos de máster en prácticas en la cátedra; pues bien, mediante aquella firma, el rector suscribía un convenio consigo mismo por vía interpuesta, ya que la dirección depende de un vicerrectorado y la cátedra de otro, pero las dos vicerrectoras actuaban en nombre del rector, ya que éste había delegado en ellas las correspondientes competencias.

Pensamos que con los procedimientos que nos autoimponemos nos protegemos, que eliminamos arbitrariedades, que actuamos con mayor seguridad. Cuando en realidad ocurre lo contrario: en la selva burocrática es casi imposible saber cuándo se acierta y cuándo se infringe alguna norma. Lo normal, además, es que ocurra lo segundo, porque toda nuestra administración se rige por el absurdo principio de que lo que no está expresamente permitido está prohibido, cuando lo lógico sería lo contrario, esto es, asumir que lo que no está expresamente prohibido, es porque está permitido.

Decía un antiguo rector de la universidad a la que pertenezco que nos ahorcamos con nuestra propia soga. Decía bien.

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Nota: Este capítulo vino precedido por una Introducción(I) La autocomplacencia(II) La impostura(III) El localismo, (IV) El igualitarismo y (V) La irresponsabilidad. Le seguirá el capítulo (VII) La uniformidad, y concluirá con un Post Scriptum.

 

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