Paralelismos

Cuando empezó eso que han dado en llamar el Procés, nuestra izquierda patriótica pensó que de ese pozo podrían sacar petróleo. La técnica ha consistido en establecer paralelismos entre Cataluña y el País Vasco, tratando de convencernos de que lo que está ocurriendo allí, bien podría ocurrir también aquí, y de que si no ocurre la culpa es del PNV. Esa fue una de las especies más ubicuas en la precampaña de las elecciones autonómicas de 2012. Pensaban, quizás, que ese argumento debilitaría a su gran adversario. Pero no ocurrió eso; al contrario, los jeltzales salieron reforzados de aquellas elecciones. Ayer se cumplió un año del referéndum escocés. También aquel proceso se quiso utilizar en su día para socavar la política del PNV en materia de autogobierno. Pero en las siguientes elecciones que ha habido, municipales y forales de este año, el PNV ha vuelto a ganar, y con mejores resultados de los esperados.

Lo anterior no debiera sorprender a nadie. Por mucho que haya quienes pretenden establecer paralelismos entre Cataluña y el País Vasco, tal paralelismo no existe. Catalanes y vascos -ruego se me permita utilizar el plural en este contexto- comparten, en general, cierto grado de insatisfacción con el actual estatus político de sus respectivas comunidades. Pero esa insatisfacción tiene causas diferentes en uno y otro caso. Justificado o no, en Cataluña existe un sentimiento generalizado de agravio, porque la reforma del Estatut resultó un fiasco y porque una mayoría de catalanes entiende que hay un permanente drenaje de recursos económicos, lo que supone una merma de sus posibilidades de desarrollo y de su bienestar. Los intentos habidos en los últimos años de reformar el Estatut para avanzar en autogobierno y disfrutar de un régimen económico más favorable se han saldado con el fracaso, y eso ha elevado de forma considerable las ansias de un mayor autogobierno e, incluso, de la independencia.

En el País Vasco las cosas son diferentes. A la vista de los resultados de los sucesivos sociómetros vascos del último lustro, parece claro que, en general, hay un deseo de mayores cotas de autogobierno. El nacionalismo genuinamente institucional –digámoslo de esa forma- insiste en que el Estatuto no acaba de cumplirse y que eso supone una merma tanto en recursos como en capacidad de decisión. Pero, en mi opinión, la limitación más seria al ejercicio del autogobierno en Vasconia es la que provoca la práctica recentralizadora y uniformadora de los gobiernos españoles. El recurso a otorgar carácter de norma básica a un número creciente de leyes y decretos no sólo reduce el ejercicio efectivo del autogobierno, sino que, además, impide que se puedan desarrollar políticas públicas integrales en áreas que requieren de normativas propias de más de un sector. Ese es el principal problema. Porque al revés de lo que ocurre en Cataluña, el Concierto vasco y el Convenio navarro otorgan de hecho casi plena soberanía fiscal a la Comunidad Foral Navarra y a la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). Quizás así se explique que, al contrario que en Cataluña, el deseo de independencia en la CAV se mantenga prácticamente constante a la lo largo del tiempo y nunca por encima de la tercera parte del electorado. Y si se considerase el conjunto de Vasconia, sospecho que ese porcentaje sería significativamente menor.

El PNV acierta al vincular la renovación del estatus de autogobierno con la adopción de un sistema de garantías que permita asegurar que las competencias reconocidas se pueden ejercer de forma efectiva y en su integridad. A eso, de lograrlo, podrán darle el nombre que más convenga, porque lo importante será la sustancia.

2 comentarios en “Paralelismos”

  1. Paralelismos … tampoco yo los veo. Si que constato algunas coincidencias y, entre ellas, la existencia del anacronismo romántico de los respectivos nacionalismos identitarios, también la notable capacidad de las elites dirigentes nacionalistas para aprovechar su exagerada sobre-representación en las Cortes Generales para exprimir competencias y ventajas (para ellas más que para la ciudadanía) a los distintos Gobiernos de la Nación.

    Sobre el artifial y falso clima “de agravio generalizado” tan profusamente cultivado desde los medios propios de la Gencat y desde los medios domesticados vía talonario voy a insistir en aspectos muy elementales:
    – el Estatut de la Discordia promovido por el PSC de Maragall fue una descomunal pifia y lo sigue siendo. La reforma que promovió era innecesaria a efectos de autogobierno pero ellos pensaron que así, mostrándose más rabiosamente nacionalistas que Pujol, lo descabalgarían de la silla que le regalaron, imprudentemente, en las primeras elecciones autonómicas, ganadas por el PSC, no por el pujolismo inicial aquel del que tanto desconfiaba, con razón, el viejo líder de ERC, Tarradellas.
    – el PSOE del imprudente e insustancial Rodriguez Zapatero metió las gambas, las cuatro, hasta el corvejón anticipando aquella bobada política de respetar “lo que salga del Parlamento de Cataluña”. Y así se montó el lío que se montó.
    – el nuevo Estatuto reformado era tan artificial e innecesario, se contemplé antes o después de su “cepillado” en las Cortes Generales, que sometido a refrendo, fue votado POR MENOS DEL 50 % DEL CENSO.

    – el Estatuto de la Discordia, era tan lesivo para nuestro entramado constitucional que cosecho, no uno, ni dos, ni tres recursos de inconstitucional cosechó HASTA SIETE RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD, todos ellos admitidos a trámite y finalizados por sendas Sentencias. El TC hizo un trabajo extenuante para, por vía interpretativa conforme, hacer decir a los preceptos impugnados lo que sus redactores iniciales no decían y, por no decirlo, no cabía, ni con calzador en el ámbito de la Constitución vigente.

    Y aquí me paro por hoy.

    Adelanto ya, en relación con las raras autonómicas del 27 S que van a generar una gran frustración en las filas secesionistas. Y ello, sea cual sea el resultado, ya que si los independentistas NO las ganas con claridad, tendremos un Parlamento autonómico fragmentado y des enfocado para una acción de gobierno dirigida a resolver problemas de la ciudadanía, en vez de crearlos. Y si los secesionistas las ganarán con claridad y pretenden saltarse la legalidad, el Estado, en defensa del sistema democrático, les hará sentir el peso de la Ley con proporcionalidad y contundencia, con el aplauso entusiasta de nuestros socios de la UE.

    O sea, que muy felices no andan en Cataluña mis cuatribarrados secesionistas.

    Su proyectado golpe de Estado, ni en directo, ni en diferido, va a prosperar.

    Salud y saludos.

  2. La CAPV dispone de un régimen tributario que choca frontalmente con lo que en España pensamos, muchos españoles, que ha de ser una condición esencial de todo ciudadano, la libertad y la igualdad en relación con nuestros derechos fundamentales según la Constitución vigente.

    Ese régimen fiscal excepcional, que los nacionalistas vascos ligan a “derechos históricos” consiguió presencia en el texto constitucional al imponerse la peregrina y nefasta idea de que a los nacionalismos se les puede “reconducir” dándoles más competencias que a los demás y dándoles casi, el control completo sobre la cama generada en aquellos territories, además de amplias competencias en educación, sanidad y policía local y autonómica. Ha sido un craso error de los constituyentes, guiados en su momento sólo por la perspectiva de la lucha contra el entonces activo y letal terrorismo etarra.
    Pero, al diseñar ese marco competencial y la base financiera de la CAPV, los constituyentes minusvaloraron gravemente dos importantes elementos, entre muchos otros:
    -el primer elemento, que el Gobierno de la Nación dejaba de controlar lo que realmente se recauda en la CAPV a partir de la riqueza generada y de lo servicios prestados, lo que facilitó la consolidación, durante décadas de una doble red impositiva en la sociedad vasca, la dependiente de las instituciones forales vascas, de sus ayuntamientos y del gobierno autónomo vasco, más la red de extorsión etarra. Ello no excluyó, además, el trasvase de fondos que se ha dado, bajo diversas etiquetas, de la primera red citada a la segunda.
    Pocos en la CAPV reconocen que pagaban y cuánto pagaban al entramado etarra para evitar bombazos, ametrallamientos, secuestros y asesinatos.

    Y mientras eso se daba, el resto de los españoles soportábamos el coste de la lucha contraterrorista en vidas (la mayor parte) y en medios materiales.

    Hoy, el Gobierno de la Nación sigue huérfano de datos directos fiables sobre la riqueza generada en la CAPV, lo que hace más sangrante si cabe el injusto y nada equitativo reparto de las cargas tributarias.
    – el segundo elemento, que la deslealtad constitucional en la acción de los distintos gobiernos autonómicos ha ido dirigida al adoctrinamiento identitario en educación, en medios públicos de comunicación y en parafernalia simbólica en el espacio público, tanto como han podido. Y los diferentes Gobiernos de la Nación no siempre han cortado esos abusos desde los instrumentos legítimos de que disponían. Tuvo que darse el asalto Ibarretxe para que las Cortes, sede de la representación de la soberanía, le parara los pies.

    He vivido lo bastante en la CAPV como para aprender todo eso, entre otras cosas.

    Y si, sostengo, como lo hacía ya en 1995 el entonces Secretario General Adjunto del Consejo de Europa, el jurista austriaco Peter Leuprecht, que los nacionalismos identitarios exacerbados son uno de los riesgos importantes para el desarrollo del proyecto europeo.

    El concierto económico vasco es, para mi, un régimen profundamente insolidario en España, que debe acabar cuanto antes para que sea más posible una sociedad de ciudadanos libres e iguales que centren sus esfuerzos en el éxito del proyecto europeo y no se distraigan más en estériles querellas internas.

    Ni la existencia de lengua propia, ni los elementos culturales propios, ni nada de nada justifican a mis ojos la existencia de un régimen económico de privilegios en la CAPV.

    Salud y saludos desde Cataluña.

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