La dignidad

Las llamadas políticas sociales tienen por objeto que todas las personas, con independencia de su situación económica, disfruten de unos niveles básicos de bienestar. Pretenden ofrecer apoyo, protección, atención y cuidados a quienes se encuentran en riesgo de que su calidad de vida se deteriore hasta un punto que nos parece inaceptable. Hemos decidido que todos hemos de poder disfrutar de unas condiciones materiales de vida determinadas, porque las consideramos irrenunciables. El nivel de dichas condiciones viene objetivado por el esfuerzo que los poderes públicos deciden que debe hacerse en cada caso. A modo de ejemplo sirva la cuantía de las rentas que se asignan, con cargo al erario público, a quienes se considera que las necesitan para vivir. Otros grados de esfuerzo los fijan en función de la extensión y nivel de los servicios que prestan o ayudas que otorgan en otras áreas de acción social.

Algo similar cabe decir en relación con la atención sanitaria. El de la salud es un derecho que consideramos irrenunciable. Afortunadamente, la gente es cada vez más consciente de la importancia de la prevención, y gracias a eso, a los mejores hábitos de vida, se ha podido limitar el esfuerzo en actuaciones curativas o paliativas. Pero algunos fenómenos nos deben mover a la reflexión: el consumo abusivo de drogas –alcohol, principalmente- por parte de muchos jóvenes, y el sobrepeso y obesidad creciente en ese segmento de edad, son verdaderas bombas de relojería. Euskadi cuenta con un sistema sanitario muy bien valorado por sus usuarios. Pero los servicios de salud son caros. Y cada vez lo son más porque el envejecimiento es un factor de encarecimiento. Una mayor esperanza de vida tiene un precio; el tiempo no transcurre en balde y el deterioro orgánico pasa su factura en términos de salud y, por lo tanto, también en términos económicos. Los tratamientos de las enfermedades graves más prevalentes son, además, cada vez más caros.

La asistencia a los necesitados, a los que se encuentran en riesgo de exclusión, a quienes no pueden desarrollar una actividad laboral normal, a las personas mayores que carecen de suficientes recursos, y la atención sanitaria universal, las consideramos necesarias para procurar una vida digna de ser vivida. Todo ese esfuerzo, que hacemos de forma colectiva a través de las administraciones públicas y también gracias al concurso de entidades privadas y particulares, lo hacemos porque nuestra sociedad está formada por personas compasivas, porque pensamos que nadie debe quedar desamparado. Pero nada es gratis, y no está claro que andando el tiempo vayamos a poder seguir permitiéndonoslo. Y es que es fácil hablar de derechos sociales, pero derechos son sólo aquellos que decidimos que lo sean y que podemos costear. O son, como me decían en casa un día de estos, aquellos que estamos dispuestos a pagar a costa de nuestro propio sacrificio económico personal. Esto deberíamos tenerlo muy claro, máxime en una sociedad que envejece de forma irremediable y en la que cada vez hay más demandas para que las instituciones públicas presten ayuda económica a quien cree merecerla o necesitarla.

Nada en este terreno puede garantizarse, nada puede darse por conseguido. Si queremos que todas las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas y disfruten de lo que consideramos una vida digna, no bastará con enunciar el deseo o la exigencia de que así sea. Para hacerlo posible, quienes gobiernen en los próximos años deberán articular medidas concretas entre las que será inevitable, seguramente, recurrir a fórmulas nuevas. Pero ante todo, como sociedad, deberemos generar más recursos. Esa es la clave, porque –insisto- nada es gratis, tampoco la dignidad.

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La serie #Desafíos2020 está formada por las siguientes seis anotaciones:

El envejecimiento

La dignidad

La riqueza

La formación

La cultura

Lo que nos jugamos hoy

 

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