Lo que nos jugamos hoy

En la serie dedicada a analizar los desafíos a que ha de hacer frente la sociedad vasca en los próximos años he dado preferencia a aquellos cuya superación conlleva necesariamente una importante movilización de recursos; son las materias que suelen incluirse bajo el epígrafe de políticas públicas. Pero lo tratado no es todo, ni siquiera es todo lo importante. Hay otros desafíos de gran enjundia que no comprometen la utilización de grandes volúmenes de recursos públicos. Me refiero a asuntos tales como el logro de una convivencia normal tras la erradicación del terrorismo, el de una verdadera igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, el de un desarrollo territorial que no reduzca los espacios naturales a la condición de islas en un océano hiperurbanizado, o el de colocar a nuestro país en la punta de lanza de la creación de conocimiento. Los anteriores son algunos ejemplos, aunque la lista podría ser, lógicamente, bastante más extensa.

Llega ahora el momento de hablar de autogobierno. Porque la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para superar los retos con éxito dependerá, en gran medida, de poder contar con verdadera capacidad para poner en práctica políticas públicas integrales. Tras la aprobación del Estatuto y el posterior proceso de asunción de competencias, la capacidad real de las instituciones vascas –me refiero al Parlamento y Gobierno, principalmente- para actuar y desarrollar sus propias políticas públicas es cada vez más limitada. Sobre el papel, el Estatuto está prácticamente cumplido; en la práctica, sin embargo, la capacidad de las instituciones autonómicas está cada vez más comprometida. La razón es simple: los gobiernos centrales cada vez recurren en mayor medida a asignar carácter básico a todo tipo de normas. Por ceñirme al ámbito que mejor conozco, el universitario, hay detalles nimios que son regulados por leyes o reales decretos a los que se confiere carácter básico. Por otro lado, el argumento (falaz) de la necesidad de preservar de esa forma la igualdad de derechos de todos los españoles, ha abierto un camino que no tiene final. Y la práctica muestra que el Tribunal Constitucional rechaza los recursos presentados por las administraciones vascas casi de forma sistemática cuando se plantean conflictos de competencias.

Lo anterior, añadido a los cambios habidos en el estado español durante los últimos 35 años –el más importante la incorporación a la Unión Europea- obliga a las instituciones y agentes políticos vascos a abordar la reforma y actualización del marco de autogobierno. Y esa actualización, para que sea efectiva, ha de cumplir dos requisitos. Ha de contemplar, por un lado, un sistema de garantías, de manera que las normas centrales que afecten a materias cuya competencia corresponde a las instituciones vascas deban ser acordadas por las dos partes; es a esto a lo que se llama una relación de bilateralidad, e implicaría, siquiera sea de forma implícita, un estatus de soberanía compartida. Y por el otro, debe ser respetuosa con la tradición foral, no porque sea una tradición, sino por haber demostrado sobradamente su funcionalidad y adecuación a nuestros tiempos. La foralidad implica la noción de pacto, y da soporte a una articulación política que además de acercar la administración a la ciudadanía, introduce valiosos elementos de equilibrio y estabilidad. La idea de la nación foral, que en su día pusiera encima de la mesa el lehendakari Urkullu, proporciona un marco conceptual idóneo para ello, un marco que, además, es seguramente el más respetuoso con la diversidad de sentimientos de pertenencia que conviven en la sociedad vasca. Todo esto, y más, es lo que está en juego hoy en las urnas.

————————————————————–

La serie #Desafíos2020 está formada por las siguientes seis anotaciones:

El envejecimiento

La dignidad

La riqueza

La formación

La cultura

Lo que nos jugamos hoy

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *