Lo que nos jugamos hoy

En la serie dedicada a analizar los desafíos a que ha de hacer frente la sociedad vasca en los próximos años he dado preferencia a aquellos cuya superación conlleva necesariamente una importante movilización de recursos; son las materias que suelen incluirse bajo el epígrafe de políticas públicas. Pero lo tratado no es todo, ni siquiera es todo lo importante. Hay otros desafíos de gran enjundia que no comprometen la utilización de grandes volúmenes de recursos públicos. Me refiero a asuntos tales como el logro de una convivencia normal tras la erradicación del terrorismo, el de una verdadera igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, el de un desarrollo territorial que no reduzca los espacios naturales a la condición de islas en un océano hiperurbanizado, o el de colocar a nuestro país en la punta de lanza de la creación de conocimiento. Los anteriores son algunos ejemplos, aunque la lista podría ser, lógicamente, bastante más extensa.

Llega ahora el momento de hablar de autogobierno. Porque la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para superar los retos con éxito dependerá, en gran medida, de poder contar con verdadera capacidad para poner en práctica políticas públicas integrales. Tras la aprobación del Estatuto y el posterior proceso de asunción de competencias, la capacidad real de las instituciones vascas –me refiero al Parlamento y Gobierno, principalmente- para actuar y desarrollar sus propias políticas públicas es cada vez más limitada. Sobre el papel, el Estatuto está prácticamente cumplido; en la práctica, sin embargo, la capacidad de las instituciones autonómicas está cada vez más comprometida. La razón es simple: los gobiernos centrales cada vez recurren en mayor medida a asignar carácter básico a todo tipo de normas. Por ceñirme al ámbito que mejor conozco, el universitario, hay detalles nimios que son regulados por leyes o reales decretos a los que se confiere carácter básico. Por otro lado, el argumento (falaz) de la necesidad de preservar de esa forma la igualdad de derechos de todos los españoles, ha abierto un camino que no tiene final. Y la práctica muestra que el Tribunal Constitucional rechaza los recursos presentados por las administraciones vascas casi de forma sistemática cuando se plantean conflictos de competencias.

Lo anterior, añadido a los cambios habidos en el estado español durante los últimos 35 años –el más importante la incorporación a la Unión Europea- obliga a las instituciones y agentes políticos vascos a abordar la reforma y actualización del marco de autogobierno. Y esa actualización, para que sea efectiva, ha de cumplir dos requisitos. Ha de contemplar, por un lado, un sistema de garantías, de manera que las normas centrales que afecten a materias cuya competencia corresponde a las instituciones vascas deban ser acordadas por las dos partes; es a esto a lo que se llama una relación de bilateralidad, e implicaría, siquiera sea de forma implícita, un estatus de soberanía compartida. Y por el otro, debe ser respetuosa con la tradición foral, no porque sea una tradición, sino por haber demostrado sobradamente su funcionalidad y adecuación a nuestros tiempos. La foralidad implica la noción de pacto, y da soporte a una articulación política que además de acercar la administración a la ciudadanía, introduce valiosos elementos de equilibrio y estabilidad. La idea de la nación foral, que en su día pusiera encima de la mesa el lehendakari Urkullu, proporciona un marco conceptual idóneo para ello, un marco que, además, es seguramente el más respetuoso con la diversidad de sentimientos de pertenencia que conviven en la sociedad vasca. Todo esto, y más, es lo que está en juego hoy en las urnas.

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La serie #Desafíos2020 está formada por las siguientes seis anotaciones:

El envejecimiento

La dignidad

La riqueza

La formación

La cultura

Lo que nos jugamos hoy

 

La cultura

El bienestar y la cohesión social no dependen exclusivamente de factores económicos. Hay bienes inmateriales a cuyo disfrute otorgamos gran valor y algunos de ellos son de carácter cultural. La provisión de tales bienes cumple, al menos, tres fines. En primer lugar y dado que prolonga y complementa la labor del sistema formativo más allá de la etapa inicial de la vida, casi todos los bienes culturales proporcionan conocimiento; son por ello, un factor de enriquecimiento y desarrollo personal. En segundo lugar, algunos son fuente de criterio propio y nutren el espíritu crítico; tienen, por ello, un efecto democrático. Y en tercer lugar, pueden proporcionar goce estético o intelectual y son, por lo tanto, fuente de bienestar. Además, cuando esos bienes tienen carácter colectivo, pueden tener una influencia decisiva en la configuración de identidades. En nuestro caso hay varios elementos que tienen ese carácter, pero es la lengua propia el que de forma más nítida contribuye a la configuración de la identidad colectiva.

Por todo lo dicho, y dado que su provisión depende, en cierto grado y de una u otra forma, de decisiones políticas, la política cultural tiene, aunque no lleguemos a ser muy conscientes de ello, mucha incidencia en las vidas de las personas. Y sin embargo, esa política rara vez se diseña a partir de consideraciones como las anteriores y –con la excepción de la lingüística- no suele recibir demasiada atención en los programas y campañas electorales.

En lo relativo a la lengua, tres décadas después de la aprobación de la Ley del Euskera cabe hacer un balance positivo de sus efectos: el conocimiento se ha extendido mucho, la producción cultural en euskera es abundante y de calidad, nos podemos relacionar en lengua vasca con las administraciones municipal y autonómica, y la mayor parte de los estudios se pueden cursar también en vasco. Y sin embargo, su uso no ha crecido en la misma medida que su conocimiento. Me temo que en este asunto nos movemos con esquemas periclitados. La pretensión de que el euskera sea lengua de uso en todos los ámbitos de la vida puede resultar contraproducente a la postre. Y me pregunto qué resultados daría una apuesta por promover la utilización de la lengua en determinados nichos que se demuestren fértiles y de amplia influencia, y dejar que esos nichos ejerzan una función de arrastre sobre el resto ámbitos de uso.

Uno de los ejes principales de la política cultural vasca ha sido la radio-televisión pública. A nadie se le oculta que la televisión, en concreto, vive una situación difícil debido a factores tales como la crisis del mercado publicitario, el aumento de la oferta televisiva, y la extensión de nuevas formas de consumo audiovisual. No me parece factible dar la vuelta a la situación y retornar a los indicadores de hace más de una década. Pero quizás la clave no radique tanto en la improbable recuperación de cifras de audiencia, cuanto en la redefinición del modelo de televisión pública. Y al respecto, hay dos elementos cuya consideración me parece inexcusable. Uno es el papel que debe cumplir la televisión como agente al servicio de la creación y transmisión de contenidos culturales de calidad. Y el otro, la adecuación de ese servicio a las posibilidades que ofrece internet y las plataformas y redes que protagonizan la transmisión multidireccional de contenidos. Hay ahí un universo de oportunidades. Las amenazas a las que nos enfrentamos difícilmente serán más peligrosas que la situación que tenemos hoy. Y no hemos de olvidar que la radiotelevisión pública es un agente cultural de primer orden. O debería serlo.

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El envejecimiento

La dignidad

La riqueza

La formación

La cultura

Lo que nos jugamos hoy

 

La formación

La formación proporciona, de manera ordenada, los conocimientos necesarios para adquirir criterio propio y poder tomar así decisiones bien fundadas, decisiones libres en definitiva. Al ser la principal fuente de conocimiento riguroso, es clave en el desarrollo de personas con espíritu crítico, capacitadas para un ejercicio auténtico de la ciudadanía; es por ello condición para una sociedad verdaderamente democrática. Y además, por si todo eso fuese poco, proporciona las competencias necesarias para ejercer una profesión y, de esa forma, poder desarrollar un proyecto vital autónomo y disfrutar de un amplio abanico de oportunidades en diferentes esferas de la vida. Es, en suma, la principal herramienta de transmisión cultural de nuestro tiempo.

Por otro lado, en su vertiente colectiva la formación es la clave de bóveda sobre la que debe asentarse el funcionamiento armónico de la sociedad y un desarrollo económico capaz de proporcionar los recursos que se necesitarán en el futuro. Además, dada la importancia creciente del conocimiento de alto nivel en casi todos los sectores sociales y económicos, las empresas y entidades públicas requieren personas cada vez más cualificadas. Y por supuesto, sea cual sea el grado de cualificación requerido, su calidad es un factor crítico de éxito profesional y de eficiencia económica.

La formación es especialmente importante para las personas de familias pobres. Quienes proceden de niveles socioeconómicos bajos tienen mayores dificultades para disfrutar de las oportunidades a las que tienen acceso los de alto nivel. El horizonte social de aquéllos es muy restringido. Además, su entorno es culturalmente más limitado y, por ello, lo que no adquieren en el centro de enseñanza, no lo pueden conseguir de otro modo. Se ha dicho, con razón, que no hay mejor forma de promover realmente la igualdad de oportunidades que ofreciendo una formación de calidad a todas las personas. Por todo lo anterior, un país no puede aspirar a proveer altos niveles de bienestar al conjunto de la población si su sistema formativo no cumple de forma adecuada su función.

Llegados a este punto toca valorar nuestra situación, y observo entonces que el sistema formativo es objeto de especial autocomplacencia. Tenemos de él una elevada opinión. Es cierto que en la Comunidad Autónoma Vasca hay menos abandono escolar que en otras comunidades. Nuestro sistema es inclusivo, proporciona niveles razonables de instrucción a casi todos, algo por lo que debemos congratularnos. Pero tiene dos problemas. Uno es que no proporciona las debidas oportunidades a los chicos y chicas con mayores capacidades. Ha renunciado, en la práctica, a promover desempeños académicos excelentes. Eso no sólo es injusto con los jóvenes a quienes se priva de un mayor desarrollo intelectual; supone, además, una limitación importante para las posibilidades de desarrollo futuro de la sociedad. El talento que no se cultiva ahora deberá importarse más adelante, pero no siempre será posible. Y el otro problema es que en los últimos años algunos indicadores de carácter diagnóstico han arrojado resultados preocupantes: hay competencias en las que nuestros estudiantes están retrocediendo.

Los problemas identificados no han surgido ahora, vienen de más atrás; y requieren análisis, diagnóstico y tratamiento. Más allá de leyes y reales decretos, contamos con las herramientas necesarias para ponerles remedio. De no hacerlo, no podremos beneficiarnos de los servicios públicos y de la protección social de que disponemos en la actualidad. Ni podrán nuestros jóvenes disfrutar de las oportunidades de que gozan en los países a los que nos queremos parecer. Pero hay que tener coraje para reconocer que tenemos problemas y claridad de ideas para resolverlos. Eso es lo que debemos esperar de quienes nos gobiernen en los próximos años.

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Lo que nos jugamos hoy

 

La riqueza

En una escena de “Alicia a través del espejo” (Lewis Carroll, 1871), Alicia y la Reina Roja corren juntas y, aunque lo hacen muy rápido, no consiguen moverse de donde están. Al desconcierto de Alicia, la Reina responde que en su país “hace falta correr todo cuanto una pueda para permanecer en el mismo sitio; si se quiere llegar a otra parte hay que correr por lo menos dos veces más rápido”. Esto mismo nos está ocurriendo con los servicios públicos, y en los próximos años nos ocurrirá en mayor medida. Si queremos mantener aquellos de los que disfrutamos ahora –protección social, sanidad y educación, principalmente-, necesitaremos generar más recursos económicos. Y si los queremos ampliar habrá que producir más aún: “correr dos veces más rápido” como dice la Reina Roja.

La tentación fácil es la de exigir que suban los impuestos. Y en un alarde imaginativo bien conocido, la exigencia se rematará con la coletilla “a los que más tienen”, aunque todos sepamos que los que más tienen disponen de las mejores herramientas para, sean cuales sean los tipos y modalidades impositivas, evitar pagarlos o pagar muy poco. Los recursos adicionales deberán provenir, por lo tanto, de una más intensa actividad económica, mayor productividad, y superior competitividad de las empresas y del conjunto del sistema económico vasco. Claro que esto se dice con facilidad pero la práctica es otra cosa.

Hace no tanto tiempo casi un una tercera parte de la riqueza que producíamos tenía su origen en la industria. Su peso relativo en la economía vasca ha descendido en los últimos años y ahora nos daríamos por satisfechos si esa contribución llegase a representar la cuarta parte del PIB. Eso no es bueno, porque la industria proporciona una actividad económica más sólida, que genera empleo más estable y mejor remunerado que otros sectores (como el del espejismo turístico, por ejemplo). Por ello, si queremos un desarrollo económico capaz de garantizar un aporte regular de recursos abundantes, nuestro tejido industrial deberá mejorar su competitividad y aumentar su dimensión, de manera que pueda crecer su contribución a la producción de riqueza.

Salvo ominosas excepciones, el recurso a las ayudas directas, además de injusto y pernicioso a largo plazo, es prácticamente inviable, por lo que el margen de maniobra de los poderes públicos en este campo es mínimo. Conviene no perder eso de vista. Leemos estos días, no obstante, propuestas electorales concretas para apoyar al tejido industrial; son seguramente propuestas bien fundamentadas y de cuya idoneidad no hay por qué dudar. Pero hay algo que apenas aparece en el discurso público, y no sólo en el que emite la clase política: se echa en falta apelaciones expresas al valor del esfuerzo, la dedicación y el riesgo. Y no me refiero ahora (sólo) a los mensajes que se lanzan en campaña electoral. Exigimos derechos con admirable soltura y, sin embargo, brillan por su ausencia las virtudes de cuyo ejercicio depende que se pueda crear la riqueza necesaria para que nos los podamos permitir. Los responsables políticos, y no sólo quienes nos gobiernan, tienen ahí una asignatura pendiente, porque su discurso tiene indudables efectos pedagógicos.

Termino por lo más importante: por encima de cualquier otra consideración, es la formación de las personas la clave de una industria competitiva y, en general, de una sociedad bien engrasada, eficiente en todos sus niveles y que, más que la utópica garantía de un futuro próspero, sea capaz de proporcionar oportunidades para todos. Una formación de calidad es la pieza sobre la que sostener un desarrollo consistente y armónico, su clave de bóveda en definitiva.

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La dignidad

Las llamadas políticas sociales tienen por objeto que todas las personas, con independencia de su situación económica, disfruten de unos niveles básicos de bienestar. Pretenden ofrecer apoyo, protección, atención y cuidados a quienes se encuentran en riesgo de que su calidad de vida se deteriore hasta un punto que nos parece inaceptable. Hemos decidido que todos hemos de poder disfrutar de unas condiciones materiales de vida determinadas, porque las consideramos irrenunciables. El nivel de dichas condiciones viene objetivado por el esfuerzo que los poderes públicos deciden que debe hacerse en cada caso. A modo de ejemplo sirva la cuantía de las rentas que se asignan, con cargo al erario público, a quienes se considera que las necesitan para vivir. Otros grados de esfuerzo los fijan en función de la extensión y nivel de los servicios que prestan o ayudas que otorgan en otras áreas de acción social.

Algo similar cabe decir en relación con la atención sanitaria. El de la salud es un derecho que consideramos irrenunciable. Afortunadamente, la gente es cada vez más consciente de la importancia de la prevención, y gracias a eso, a los mejores hábitos de vida, se ha podido limitar el esfuerzo en actuaciones curativas o paliativas. Pero algunos fenómenos nos deben mover a la reflexión: el consumo abusivo de drogas –alcohol, principalmente- por parte de muchos jóvenes, y el sobrepeso y obesidad creciente en ese segmento de edad, son verdaderas bombas de relojería. Euskadi cuenta con un sistema sanitario muy bien valorado por sus usuarios. Pero los servicios de salud son caros. Y cada vez lo son más porque el envejecimiento es un factor de encarecimiento. Una mayor esperanza de vida tiene un precio; el tiempo no transcurre en balde y el deterioro orgánico pasa su factura en términos de salud y, por lo tanto, también en términos económicos. Los tratamientos de las enfermedades graves más prevalentes son, además, cada vez más caros.

La asistencia a los necesitados, a los que se encuentran en riesgo de exclusión, a quienes no pueden desarrollar una actividad laboral normal, a las personas mayores que carecen de suficientes recursos, y la atención sanitaria universal, las consideramos necesarias para procurar una vida digna de ser vivida. Todo ese esfuerzo, que hacemos de forma colectiva a través de las administraciones públicas y también gracias al concurso de entidades privadas y particulares, lo hacemos porque nuestra sociedad está formada por personas compasivas, porque pensamos que nadie debe quedar desamparado. Pero nada es gratis, y no está claro que andando el tiempo vayamos a poder seguir permitiéndonoslo. Y es que es fácil hablar de derechos sociales, pero derechos son sólo aquellos que decidimos que lo sean y que podemos costear. O son, como me decían en casa un día de estos, aquellos que estamos dispuestos a pagar a costa de nuestro propio sacrificio económico personal. Esto deberíamos tenerlo muy claro, máxime en una sociedad que envejece de forma irremediable y en la que cada vez hay más demandas para que las instituciones públicas presten ayuda económica a quien cree merecerla o necesitarla.

Nada en este terreno puede garantizarse, nada puede darse por conseguido. Si queremos que todas las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas y disfruten de lo que consideramos una vida digna, no bastará con enunciar el deseo o la exigencia de que así sea. Para hacerlo posible, quienes gobiernen en los próximos años deberán articular medidas concretas entre las que será inevitable, seguramente, recurrir a fórmulas nuevas. Pero ante todo, como sociedad, deberemos generar más recursos. Esa es la clave, porque –insisto- nada es gratis, tampoco la dignidad.

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