Los fines y los medios (de nuevo)

Oigo en la radio las declaraciones de Felipe González, presidente del Gobierno de España hace dos décadas. Habla de hipotéticas vulneraciones de derechos fundamentales. Y la verdad es que no doy crédito a lo que oigo. No es que me parezca inverosímil que piense lo que dice, aunque me cueste creer alguna de las cosas que dice. Pero me resulta increíble que lo diga.

Me cuesta creer que llegase a pensar que asesinando a los miembros de la dirección de una organización terrorista acabaría con la organización. Eso es ridículo; tan ridículo que el sólo hecho de que alguien inteligente como él lo diga sugiere que no lo dice porque en su día lo considerase en serio, sino por alguna otra, -y muy oscura-, razón. No parece que tenga al actual ministro de Interior en gran estima.

Y me escandaliza que exprese de forma tan clara una idea radicalmente contraria a principios éticos y jurídicos básicos. Porque quien afirma haber considerado en serio la posibilidad de vulnerar derechos fundamentales da muestra de una inmoralidad radical. No me parece inverosímil que alguien piense que, en el ejercicio del poder, pueda resultar conveniente vulnerar derechos fundamentales. De hecho, en eso consistió el terrorismo de los GAL. Lo que me sorprende es que lo diga abiertamente.

Porque el simple hecho de decirlo hace explícito un relativismo jurídico y moral radicalmente incompatible con los fundamentos del estado de derecho y de la misma convivencia. Contra lo que dice Felipe González, no puede haber ese conflicto moral que afirma que todavía no le ha abandonado. ¡Cómo puede decir que el recurso al asesinato sea una alternativa a valorar! Eso supondría, de hecho, que los medios estarían irremediablemente contaminando los fines, como ya expliqué [Enlace roto.] hace unas semanas hablando de la tortura. Supondría subvertir los principios por los que, en teoría, se combate el terrorismo.

Torturas

Los últimos presuntos militantes de ETA detenidos que, por orden judicial, han sido encarcelados (prisión preventiva) han denunciado haber sufrido torturas. Como suele ser habitual, el gobierno y la mayoría de los medios de comunicación desdeñan este tipo de denuncias, al argumentar que obedecen a consignas de las personas que son detenidas en el marco de algún procedimiento “antiterrorista”. Las últimas denuncias, sin embargo, se producen en un momento especial.

Como ha recordado Gesto por la Paz (ver [Enlace roto.]),  la Corte Europea de Derechos Humanos acaba de condenar a España por no haber investigado las presuntas torturas cometidas contra Mikel San Argimiro y que habían sido denunciadas por éste. Haciéndose eco de la citada condena, Gesto por la Paz ha pedido que no quede sin investigar ninguna denuncia de tortura. La propia organización pacifista afirma que el hecho de que se sospeche que puedan realizarse denuncias falsas no es motivo suficiente para que no se investiguen.

La declaración de Gesto me ha parecido absolutamente oportuna. Porque por mucho que se insista en lo de las falsas denuncias, somos muchos los que tenemos la convicción de que en España se siguen practicando torturas. Y eso es algo que, por razones a las que he aludido en otras ocasiones aquí, no puede permitirse un estado que pretenda ser considerado “de derecho”. Yo tampoco descarto que se puedan producir falsas denuncias de torturas, pero eso tiene que tener un tratamiento que de ninguna manera pasa por mirar para otro lado.

Habrá quien diga que es muy difícil demostrar tanto si ha habido como si no ha habido torturas. Y es cierto, seguramente no será fácil, pero eso no es razón para no investigar. Y por supuesto, muchas de las dudas desaparecerían si todos los centros de detención fuesen dotados de sistemas de video para grabar las intervenciones que las fuerzas de seguridad practican en ellos y si se contara con más o mejores mecanismos de control médico. Se trata de eliminar cualquier “espacio de impunidad”, esa noción que tanto gusta a alguno de utilizar en un sentido muy diferente.

La tortura es un delito repugnante. Lo es porque atenta directamente contra la dignidad y la integridad de las personas. Estas cosas son muy subjetivas, seguramente, pero es, a mi juicio, uno de los delitos que más se acercan, por su gravedad, al asesinato. Con el agravante de que los casos a los que me refiero lo serían por parte de las instituciones del estado. No se puede aceptar la pervivencia de esas prácticas. Y creo que todos los partidos democráticos debieran hacer esfuerzos especiales para acabar con ellas.